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Interior garantiza derecho de protesta de agricultores y convivencia ciudadana

El Ministerio del Interior de España anunció recientemente sus planes para implementar medidas de seguridad adecuadas que garantizarán el derecho de los agricultores a manifestarse, siempre que la ejecución de estas protestas en las carreteras no perturbe la convivencia pacífica en la sociedad.

Según fuentes internas del Ministerio, se establecerán operativos particulares si es necesario para garantizar que las manifestaciones agrícolas, especialmente las que involucran tractores y afectan al tránsito en las carreteras, no causen alteraciones significativas en la vida de los ciudadanos.

Estas acciones quedan tituladas de acuerdo a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como «ley mordaza». Si se produce una alteración grave de la seguridad ciudadana debido a la ocupación u obstrucción de vías y espacios públicos, la ley estipula que se trata de una infracción grave y puede conllevar una multa que oscila entre 600 y 30,000 euros. Esta cifra se divide en grados, cada uno con un rango de multa específico: el grado mínimo varía de 600 a 10,400 euros, el medio de 10,401 a 20,200 euros, y el máximo de 20,201 a 30,000 euros.

Por otro lado, la Ley de Seguridad Ciudadana considera una infracción leve la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones no comunicadas según lo dispuesto en la ley reguladora del derecho de reunión de 1983. Por tanto, requiere que los organizadores de estas protestas notifiquen de su realización a la autoridad competente con una antelación de entre diez y treinta días naturales.

Además, se permite una excepción a esta normativa en caso de que las circunstancias gravemente excepcionales justifiquen la urgencia de convocar y celebrar una reunión en un lugar público de tránsito, permitiendo notificar con solo 24 horas de antelación.

Las protestas agrícolas en regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Valencia, Aragón y Cataluña, están siendo en gran medida impulsadas por productores independientes convocados a través de las redes sociales. Sin embargo, algunas de estas manifestaciones no contaban con la autorización correspondiente de las Delegaciones de Gobierno respectivas, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.

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