La flota atunera española ha experimentado un drástico descenso en su presencia en el Atlántico, reduciéndose un 68% entre 2016 y 2024, lo que equivale a la pérdida de 15 barcos. Actualmente, solo quedan siete buques en esta región, según la organización de armadores Opagac. Este fenómeno no solo afecta a la flota española, sino que también se extiende a la flota comunitaria, que ha visto mermado su número en un 38%, pasando de 21 a 13 barcos.
La amenaza de la competencia asiática
Mientras la flota europea se reduce, las cifras son sorprendentes cuando se observan las flotas asiáticas. Estas, abanderadas en países africanos, han incrementado sus capturas en un asombroso 68%. En particular, en Ghana, este aumento alcanza el 80%, y en el caso del atún patudo, las cifras se elevan hasta un 151%. ¿Qué significa esto para la sostenibilidad del sector pesquero en la región?
La preocupación entre los atuneros crece, ya que advierten que la competencia desleal podría llevar a que los supermercados dejen de ofrecer atún del Atlántico capturado por buques comunitarios. Por lo tanto, se enfrentan a un dilema crítico: cómo mantener su presencia en el mercado frente a una competencia que no opera bajo los mismos estándares.
La voz de los atuneros
Durante un reciente encuentro con periodistas, el director gerente de Opagac, Julio Morón, expresó su inquietud por la falta de control sobre las flotas de capital asiático. Morón explicó que de los 15 barcos que España ha perdido en aguas atlánticas, algunos han sido vendidos, otros se han trasladado a diferentes caladeros o incluso han terminado en el desguace.
Además, Morón subrayó que la situación actual no es simplemente un problema local, sino una advertencia de lo que podría suceder en otros océanos si no se toman medidas adecuadas. La flota española, que opera en tres océanos, cuenta actualmente con 26 barcos dedicados a especies tropicales. Sin embargo, este número podría continuar decreciendo si no se fortalecen las políticas pesqueras.
La necesidad de medidas urgentes
Opagac ha solicitado a la Comisión Europea una defensa firme de los intereses de los buques atuneros comunitarios para frenar el "desplazamiento progresivo" de sus caladeros tradicionales en el Atlántico oriental. Además, han puesto de manifiesto que el atún de las flotas asiáticas no cumple con los estándares de calidad y sostenibilidad que la Unión Europea exige a sus propios operadores.
Para cambiar esta dinámica, la organización ha pedido al comisario de Pesca, Costas Kadis, que contribuya a equilibrar la política pesquera comunitaria y que garantice condiciones equitativas de competencia. Es vital que se realice una consulta pública en la que se revisen los contingentes de importaciones, vinculando estos a los requisitos de sostenibilidad.
Un eco de problemas históricos
La flota atunera ha estado operando en las aguas de África Occidental desde la década de 1960, contribuyendo al desarrollo de empleo e infraestructuras en regiones clave como Dakar o Abiyán. Sin embargo, ahora se enfrentan a un escenario en el que las flotas asiáticas, apoyadas en políticas laxas, dominan los caladeros históricos.
Entre las críticas al modelo actual, se encuentra una clara oposición a la veda del uso de dispositivos concentradores de peces (FAD), impuesta por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat). Los atuneros argumentan que este tipo de medida, aunada a la presión reguladora que enfrentan, crea un desbalance que favorece a los competidores asiáticos.
Perspectivas hacia el futuro
Opagac mantiene la esperanza de que la inminente aplicación de la Directiva de Diligencia Debida obligue a las empresas a importar pescado bajo condiciones laborales dignas, mejorando así la oferta de atún "con sello responsable" en los mercados. Sin embargo, el cambio no se dará de la noche a la mañana y requerirá un esfuerzo colectivo.
La situación de la flota atunera española plantea preguntas profundas sobre la equidad en el comercio internacional y la necesidad de prácticas sostenibles. La evolución de este sector es un claro reflejo de tensiones globales en materia de pesca y sostenibilidad, invitando a una reflexión sobre cómo equilibrar intereses económicos con la salud de nuestros océanos.