El Parlamento Europeo ha dado este miércoles un amplio respaldo a la propuesta de la Comisión para simplificar la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) y flexibilizar algunas exigencias ambientales ligadas a las ayudas. El pleno aprobó el paquete con 492 votos a favor, 111 en contra y 39 abstenciones, con el objetivo declarado de aliviar la carga burocrática de las explotaciones y ajustar los requisitos a la realidad del campo europeo.
El texto, conocido en Bruselas como «Ómnibus III», abre la puerta a ajustes en varios frentes: desde la gestión de los ecoesquemas hasta los instrumentos de gestión del riesgo, pasando por los contratos en la cadena de suministro. La Eurocámara quiere arrancar cuanto antes las negociaciones con los gobiernos de la UE para cerrar la letra pequeña.
Bruselas plantea reducir duplicidades con las normas nacionales y reconocer automáticamente que las explotaciones ecológicas certificadas cumplen parte de los requisitos medioambientales para acceder a financiación, lo que acortaría trámites sin rebajar controles de trazabilidad y verificación.
Flexibilidad ambiental y menos papeleo
La simplificación que impulsa la Comisión se centra en armonizar exigencias y recortar obligaciones repetidas. El objetivo es que las explotaciones no tengan que presentar la misma documentación ante distintas administraciones para justificar prácticas ya certificadas, especialmente en materia de manejo integrado de plagas (MIP), rotaciones o cubiertas vegetales cuando ya existan sellos equivalentes.
En esa línea, el paquete prevé que las fincas con certificación ecológica acreditada se consideren conformes con parte de las «condicionalidades» ambientales de la PAC. La medida permitiría a estas explotaciones concentrar recursos en la campaña y reducir tiempos de gestión, sin eximirlas de controles aleatorios ni de auditorías de cumplimiento.
Ayuda de crisis y seguros agrarios
La Eurocámara marca distancia con una de las novedades planteadas por la Comisión: se opone a crear un nuevo pago directo para agricultores afectados por desastres naturales, al considerar que ese instrumento podría solaparse con mecanismos existentes. En cambio, respalda establecer un pago de crisis con cargo a los fondos de desarrollo rural de la UE y pide que sea obligatorio para los Estados miembro.
Los eurodiputados reclaman asimismo ampliar el alcance de las contingencias que disparan esa ayuda, incorporando los brotes de enfermedades animales como eventos susceptibles de apoyo. La idea es cubrir pérdidas de ingresos o de producción por riesgos ajenos al control del productor y reforzar la resiliencia del tejido agrario ante shocks cada vez más frecuentes.
Para mejorar el acceso a herramientas de cobertura, proponen rebajar del 20% al 15% el umbral de pérdidas sobre la producción o los ingresos medios anuales a partir del cual los agricultores pueden recibir ayudas nacionales para sufragar las primas de seguros. Con ello, más explotaciones podrían asegurar parcelas y cabañas frente a contingencias climáticas y sanitarias.
Más apoyo a pequeñas explotaciones
El Parlamento plantea elevar los topes del régimen simplificado para pequeños agricultores. La propuesta fija un pago anual de hasta 5.000 € (frente a los 2.500 € sugeridos por la Comisión), con el fin de apuntalar la viabilidad de explotaciones de menor tamaño en un contexto de costes al alza.
Además, los eurodiputados defienden un nuevo pago único para desarrollo empresarial de hasta 75.000 € por beneficiario, en lugar de los 50.000 € inicialmente previstos. Este impulso pretende facilitar inversiones en modernización, riego eficiente, digitalización o mejoras de bienestar animal que impacten en rendimiento y competitividad.
Contratos y etiquetado en la cadena
En paralelo, el pleno aprobó por 532 votos a favor, 78 en contra y 25 abstenciones cambios normativos para reforzar la posición contractual del agricultor en la cadena de suministro. Se avala la obligatoriedad de contratos escritos para el suministro de productos agrícolas, si bien los Estados miembro podrían eximir a sectores concretos si así lo solicita una organización representativa.
Para reducir la atomización de transacciones sin documentación, el Parlamento propone bajar a 4.000 € (desde 10.000 €) el umbral de valor por debajo del cual los Estados pueden decidir que el contrato no sea obligatorio. La medida busca dar seguridad jurídica a entregas recurrentes y mejorar la trazabilidad y la planificación de ingresos.
La Cámara también pide reglas más claras sobre el uso de términos como «justo» o «equitativo» en el etiquetado de productos agrícolas. Los criterios para autorizar estas menciones deberían incluir la contribución efectiva al desarrollo de las comunidades rurales y el impulso a organizaciones de agricultores, evitando prácticas comerciales que puedan inducir a error.
Próximos pasos
Con la posición adoptada, los eurodiputados están en disposición de iniciar conversaciones con los gobiernos de la UE para perfilar el texto final. Las negociaciones determinarán el alcance de la flexibilidad ambiental, el diseño de la ayuda de crisis y la arquitectura contractual entre productores y compradores.
El objetivo, según el mandato aprobado, es doble: aliviar la carga administrativa sin desvirtuar los objetivos ambientales de la PAC y estabilizar los ingresos del sector mediante herramientas de gestión del riesgo y reglas de mercado más equilibradas.