España llevará a Bruselas una propuesta conjunta con Bélgica, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal para pedir a la Comisión Europea la simplificación y revisión de la Política Pesquera Común (PPC). La iniciativa se debatirá en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE del 17 de noviembre, tras ser comunicada este lunes por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a los consejeros autonómicos en el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios.
El objetivo es ajustar las reglas de la PPC al escenario actual y garantizar la viabilidad del sector, en un contexto de presión climática, competencia por el espacio marítimo y tensiones en las comunidades costeras. Planas defendió que la reforma tenga en cuenta la soberanía alimentaria, la autonomía estratégica y la sostenibilidad económica de las flotas.
Revisión de la PPC en Bruselas
La propuesta que España impulsará con otros cinco Estados miembros busca simplificar procedimientos, dotar de mayor flexibilidad a la gestión y reforzar la coherencia entre los objetivos de conservación y la realidad socioeconómica del sector pesquero. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) sostiene que la PPC debe actualizarse para responder a retos que no estaban plenamente presentes cuando se adoptó su marco vigente.
El anuncio se produjo en una reunión por videoconferencia del Consejo Consultivo, preparatoria del Consejo de la UE de la próxima semana, donde también se abordarán las posibilidades de pesca para 2026 y la orientación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2027.
Cuotas de 2026, negociación compleja
El Gobierno prevé una negociación difícil para fijar los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas del año 2026, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. Planas remarcó que el equilibrio entre la sostenibilidad biológica de los recursos y la rentabilidad de las explotaciones es clave, y que España defenderá un enfoque que combine criterios de conservación con el mantenimiento de la actividad.
En el Mediterráneo, la Comisión aún no ha publicado su propuesta definitiva, pero el debate se anticipa especialmente delicado por la aplicación del nuevo marco a largo plazo, que endurece límites de captura e introduce criterios más estrictos de sostenibilidad, junto a posibles recortes de esfuerzo pesquero.
Mediterráneo, el punto más delicado
España considera «inasumibles» nuevas rebajas de esfuerzo en el actual contexto del sector. El MAPA subraya que la flota ya ha acometido medidas de selectividad y sostenibilidad, como la obligación de utilizar mallas más selectivas en todo el arrastre, actuaciones financiadas con apoyo público. El Gobierno pedirá calibrar cualquier reducción con la situación real de las pesquerías y el impacto socioeconómico en las flotas artesanales y de arrastre.
La posición española pone el foco en especies críticas para la supervivencia de la flota en el Cantábrico, Noroeste y Golfo de Cádiz, donde un ajuste excesivo —argumenta— podría comprometer la continuidad de empresas y empleo en puertos dependientes de estas capturas.
Exigencia de margen socioeconómico
España defenderá que la evaluación de medidas de gestión incorpore variables socioeconómicas de manera sistemática junto a los dictámenes científicos. Para el MAPA, esta integración es imprescindible a la hora de cerrar TAC y cuotas, diseñar vedas temporales o modular esfuerzos, de forma que la transición hacia objetivos de conservación no desplace al tejido productivo de las zonas más dependientes de la pesca.
Con este enfoque, el Ejecutivo busca evitar ajustes lineales que no distingan entre artes, caladeros o estados de las poblaciones, y priorizar instrumentos selectivos que sostengan la recuperación de los recursos sin agravar la fragilidad de las explotaciones más pequeñas.
PAC post-2027: presupuesto y ambición
En paralelo, el Ministerio acudirá a la discusión sobre la PAC después de 2027 con la consigna de asegurar una política «sólida, autónoma y con presupuesto suficiente». La posición española aboga por una PAC capaz de afrontar seguridad alimentaria, sostenibilidad, rentabilidad y relevo generacional, con una distribución de fondos que no erosione la competitividad del campo.
El MAPA planteará una postura «constructiva y ambiciosa» en Bruselas para blindar las herramientas de apoyo a agricultores y ganaderos, manteniendo la estabilidad regulatoria y evitando cargas adicionales que no se correspondan con mejoras claras en resultados ambientales o de trazabilidad.
Agenda comercial y mercados
Aunque el contexto geopolítico sigue tensionado, el comercio agroalimentario español mantiene el pulso. Según el Ministerio, las exportaciones superaron los 77.000 millones de euros en el último año, un nivel que refuerza la necesidad de diversificar destinos y aprovechar acuerdos con terceros países.
El Gobierno valora positivamente los avances en la agenda europea —incluido el capítulo con Mercosur— y la estabilidad de la relación comercial con Estados Unidos. Los últimos acuerdos bilaterales han evitado una escalada arancelaria y han favorecido a sectores estratégicos como el aceite de oliva y el vino; de acuerdo con los datos trasladados por el ministro, en el primer semestre de 2025 las ventas de aceite de oliva a ese mercado crecieron un 26% en volumen.
Respecto a Ucrania, la prioridad es mantener el equilibrio entre el apoyo al país y la protección de sectores sensibles en la UE. En el caso de la miel, España ha reclamado controles reforzados de origen para asegurar la trazabilidad y proteger la competitividad del sector nacional frente a importaciones a bajo precio.
Además, el Ejecutivo destaca avances en las conversaciones con Australia, Emiratos Árabes Unidos, India e Indonesia. La premisa es clara: apertura comercial sí, pero con cláusulas de equilibrio que resguarden a las producciones más vulnerables y no desplacen a la cadena de suministro española.