El desempeño laboral en la agricultura española ha experimentado un periodo de estabilización en los últimos años, con una disminución moderada en la ocupación y la eventualidad. A pesar de esto, se destaca la necesidad de mejorar las condiciones laborales y adaptar la actividad agraria a los desafíos que presenta el cambio climático.
Los datos acumulados por la Encuesta de Población Activa (EPA) indican que en el primer trimestre de 2024 había, en los sectores de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, un total de 765.800 ocupados en España. Esto representa una caída del 1% comparado con el mismo periodo en 2023, y una disminución del 5% en relación a las cifras de hace diez años. El desempleo en el sector agrario ha mostrado un ligero incremento en el último trimestre, afectando a 128.700 personas. Sin embargo, el paro registrado en marzo por el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha disminuido un 14% anualmente, afectando a 97.264 personas.
El papel de la afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social ha generado cierta controversia, ya que su número de afiliados se ha reducido un 1,79% en comparación con el mismo periodo del año anterior. No obstante, se ha registrado un incremento del 1% en comparación a las cifras del mes previo, ubicándose en 678.619 personas en marzo.
Vicente Jiménez, responsable del Campo en Comisiones Obreras (CCOO) de Industria, ha señalado que las condiciones de precariedad y eventualidad han provocado una merma en la afiliación al campo, llevando a muchos trabajadores a explorar otros sectores como la hostelería, el comercio o la industria. Sin embargo, ha notado una «cierta estabilización» impulsada por el incremento de trabajadores fijo discontinuos tras la última reforma laboral, lo cual ha reducido la tasa de eventualidad al 34,2%.
El desafío del cambio climático está cambiando el panorama de la agricultura en España, con temporadas agrícolas cada vez más cortas y la sustitución de cultivos tradicionales por otros que requieren menos agua. Esto no solo representa un reto para los agricultores, sino que también implica una disminución de la fuerza laboral en el campo. Según Jiménez, el futuro se vislumbra con «menos empleo pero más cualificado», lo que enfatiza la necesidad de formación continua.
Los sindicatos subrayan la importancia de mejorar las condiciones laborales y respetar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para retener el empleo y contrarrestar el despoblamiento de las zonas rurales. Entre las demandas sindicales está la extensión de la rebaja de las peonadas (jornadas mínimas para cobrar el subsidio agrario por desempleo) a nivel nacional, una propuesta que afectaría a unos 250.000 trabajadores temporeros.
En resumen, aunque la situación laboral en el sector agrario español ha experimentado una estabilización, aún persisten desafíos significativos que deben abordarse para garantizar la sostenibilidad y el buen rendimiento de la actividad en el futuro.
