La Comisión Europea (CE) brinda un alivio continuado hasta finales de año a los sectores agrícolas, de la pesca y la acuicultura, mediante la extensión de ciertas disposiciones que suavizan las normas comunitarias de ayudas de Estado. Explicado de forma sencilla, estas ayudas permiten a los países miembros de la Unión Europea inyectar fondos en sus respectivos sectores sin tener que solicitar previamente la autorización de la CE, siempre y cuando no supongan una gran cuantía y no interfieran con la competencia justa del mercado.
Además de la continuidad en la flexibilización de las ayudas, se anunció la revisión de los límites de estas ayudas ‘de minimis’ para el sector agrícola. En respuesta a las demandas de la mayoría de los ministros de agricultura de los Veintisiete, durante esta semana se estudiarán las posibilidades de aumentar la cantidad máxima que se puede otorgar sin necesidad de la aprobación de la CE.
La CE también destacó una enmienda adoptada a la estrategia temporal de crisis y transición que prolonga la flexibilidad de las reglas sobre ayudas estatales durante seis meses más, hasta finales de 2024. Esta medida, según la CE, facilitará a los Estados miembros proveer ‘cantidades limitadas de ayuda’ a compañías que operen en la agricultura, la pesca y la acuicultura, hasta la fecha señalada.
Sin embargo, esta extensión no permitirá un incremento en el tope de las ayudas. Es decir, los países podrán continuar suministrando hasta 280.000 euros a empresas del sector agrícola, y hasta 335.000 euros en el caso de los sectores de la pesca y la acuicultura, especialmente aquellas afectadas por las reiteradas sanciones y contrasanciones, incluidas las de Rusia.
Paralelamente, la CE ha comenzado a revisar el reglamento de las ayudas ‘de minimis’, debido a las presiones inflacionarias recientes y el contexto actual con altos precios de las materias primas que están impactando al sector agrícola. Actualmente, las normas permiten a los países miembros proporcionar un apoyo público de hasta 20.000 euros por beneficiario (o hasta 25.000 euros si cuentan con un registro central para registrar las ayudas ‘de minimis’) durante un período de tres años, sin la necesidad de notificarlo previamente a Bruselas para su aprobación.
La medida comunicada el jueves no afecta a las demás disposiciones del marco temporal de crisis y transición sobre ayudas de Estado.
