La reciente dana que tuvo lugar a finales de octubre ha dejado una huella devastadora en el campo español, inundando más de 70.000 hectáreas de cultivos. Este fenómeno natural no solo ha afectado a las cosechas, sino que también ha destruido infraestructuras de riego, generando daños que se estiman en más de 250 millones de euros. Según las comunidades de regantes, se necesita una inversión de 3.000 millones de euros en obras hidráulicas que estaban pendientes para evitar que este tipo de desastres se repitan en el futuro.
Efectos en la agricultura y los agricultores
El impacto ha sido especialmente severo en regiones como la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, donde muchos agricultores han visto cómo sus esfuerzos durante todo el año se desvanecen. Si bien muchos de ellos cuentan con seguros, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Juan Valero de Palma, ha advertido que, en algunos casos, los daños ascienden hasta el 80% del valor de las infraestructuras. De hecho, apenas el 10% de las comunidades tiene aseguradas sus conducciones y balsas de daños propios, lo cual pone en jaque su estabilidad económica.
Además de la triste pérdida de cosechas de viñedo, caquis y cítricos, las consecuencias abarcan la inundación de instalaciones vitales como casas de guardas y centros de control. A esto se suma la dificultad de recuperar el arbolado afectado, cuyo ciclo de producción puede tardar de cinco a diez años en restablecerse. Esta situación plantea una serie de desafíos económicos y logísticos para los agricultores afectados.
La necesidad de inversión en infraestructuras hidráulicas
Valero ha subrayado que el gobierno ha anunciado unas ayudas de 170 millones de euros para la reparación de infraestructuras, pero estas son vistas como insuficientes frente a los daños que se han producido. La llamada a la acción incluye la construcción urgente de 27 presas que están aprobadas pero aún pendientes de ejecución, las cuales son vitales para mitigar futuros desastres.
Según Fenacore, solo se han utilizado tres de cada diez euros prometidos en los planes hidrológicos. Esto significa que aún hay un 29% de las infraestructuras hidráulicas de interés general que no se han construido, lo que representa un "agujero" significativo en la inversión que podría ayudar a prevenir estos daños devastadores.
Propuestas y demandas para el futuro
En el contexto de la cuenca hidrográfica del Júcar, Valero criticó que no están previstas nuevas construcciones de presas, ya que se han eliminado del último ciclo de planificación. Esto suscita la necesidad de una revisión cuidadosa de estas decisiones, considerando el análisis de costes y beneficios.
Además, el presidente de Fenacore ha instado a destinar los 2.500 millones de euros presupuestados en la Estrategia nacional de restauración de ríos a la construcción de infraestructuras hidráulicas prioritarias, en lugar de eliminar esas inversiones.
La federación también ha pedido que se aceleren las ayudas a los agricultores afectados, demandando procesos más ágiles y directos. Entre sus propuestas destacan la ampliación de zonas declaradas catastróficas y la exención del pago de tarifas eléctricas para los agricultores que han sufrido daños.
Un camino hacia la resiliencia
La situación actual invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de mejorar nuestras infraestructuras hidráulicas y asegurar la sostenibilidad de la agricultura en España. El crecimiento de la agricultura pluvial sin las medidas necesarias para protegerse contra fenómenos naturales pone en riesgo no solo la producción, sino la viabilidad económica de miles de agricultores. Adoptar medidas proactivas y construir una estrategia de resiliencia puede ser la clave para enfrenta una realidad climática cada vez más desafiante. La inversión en infraestructura no es solo una cuestión económica, sino un imperativo para el futuro agrícola de nuestras comunidades.