El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación endurece su posición ante la propuesta de la Comisión Europea para el marco financiero 2028-2034 de la Política Agrícola Común (PAC). Luis Planas, titular del ramo, avanzó en el Congreso una negociación “larga y complicada” y marcó una línea crítica con el reparto planteado para agricultura y pesca.
El debate se reactivó en la sesión de control tras una pregunta de Esquerra Republicana. La respuesta del Gobierno llega con una plataforma común ya en marcha, trabajada con organizaciones agrarias, cooperativas, el sector pesquero y las comunidades autónomas, y con el foco en frenar recortes y ajustar el diseño de los fondos.
“No nos gusta y somos críticos con la propuesta; se abre un periodo largo y complicado de negociación”, resumió Planas desde la tribuna.
Qué pide España
El plan español gira sobre tres objetivos. Primero, recomponer dos políticas que, a juicio del Ministerio, han quedado “muy dispersas” en el borrador comunitario: la agrícola y la pesquera. Segundo, asegurar dotaciones suficientes para atender las necesidades de las explotaciones agrícolas y ganaderas y la flota.
El tercer pilar apunta a la arquitectura financiera. España quiere eliminar los elementos de cofinanciación que, según el MAPA, distorsionan el mercado interior y perjudican intereses nacionales. El argumento gubernamental es que la PAC —y los fondos pesqueros— deben mantener un diseño común, predecible y equilibrado entre Estados miembros, sin cargas adicionales que condicionen la ejecución.
El recorte que plantea Bruselas
Planas puso cifras al ajuste propuesto en agricultura: 293.700 millones de euros para toda la UE, lo que supondría una reducción de entre un 15% y un 22% respecto al marco anterior. En pesca, el planteamiento inicial recortaría hasta “un tercio” sobre los fondos previos.
El Ministerio advierte de que esa merma afectaría al rendimiento y la resiliencia de las explotaciones —especialmente en cultivos de secano y regadíos con necesidad de modernización—, así como a la competitividad de la cadena de suministro y a la capacidad de inversión en trazabilidad, digitalización y manejo integrado de plagas.
En el caso de la flota, el recorte de la dotación pesquera comprometería medidas clave de selectividad, seguridad, eficiencia energética y parada temporal. De ahí la insistencia de España en reforzar los instrumentos específicamente dirigidos al Mediterráneo y al Atlántico con reglas homogéneas.
Las “aperturas” de Von der Leyen
Moncloa y el MAPA han tomado nota de la carta remitida por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a cuatro grupos del Parlamento Europeo, en la que se apuntan “determinadas aperturas”. Planas las valora en positivo, pero sostiene que, por ahora, “son claramente insuficientes”.
La lectura en Madrid es que esos gestos reconocen la necesidad de ajustes, pero no resuelven el núcleo del problema: volumen de recursos, estructura de la financiación y coherencia entre políticas e instrumentos.
Pesca: fondos y días de mar
En clave pesquera, el ministro trasladó al comisario europeo de Pesca, Océanos y Medio Ambiente, Costas Kadis, la exigencia de más fondos para la flota española. La petición se centra en reforzar las líneas vinculadas a sostenibilidad, renovación y adaptación a nuevas obligaciones.
Con la vista puesta en el Consejo de diciembre (cuotas y TACs, 11 y 12 de diciembre en Bruselas), Planas anticipó su objetivo inmediato: “luchar por incrementar para 2026 el número de días de trabajo de los pescadores en el Mediterráneo” y, si hubiera margen, alcanzar mejoras ya en el periodo actual. Ese ajuste de esfuerzo pesquero es una prioridad para armadores y tripulaciones que operan en caladeros sujetos a fuertes restricciones.
El Ministerio insiste en que el resultado del marco 2028-2034 debe ofrecer estabilidad y capacidad de planificación a explotaciones y cofradías, con reglas claras, financiación suficiente y un reparto que no penalice a los productores españoles en el mercado único.