A veces el gran cuello de botella de la descarbonización no está en la tecnología, sino en algo mucho menos glamuroso: hacer que el campo encaje en los planes de las empresas. Y ahí es donde Kristjan Luha, cofundador y director comercial de eAgronom, ve la gran paradoja de la alimentación: el grueso de las emisiones está en la agricultura, pero los agricultores suelen quedar fuera, o al menos en la periferia, de las estrategias climáticas corporativas.
Su lectura es bastante directa: en una cadena alimentaria típica, la agricultura puede representar entre el 70% y el 90% de la huella de carbono de una compañía. Sin embargo, muchas iniciativas de Scope 3 —las emisiones indirectas de la cadena de valor— se diseñan pensando antes en el informe final que en la explotación agrícola. Y así, lo que nace para ayudar acaba pareciendo otra encuesta, otra auditoría, otro trámite más.
Luha sostiene que ese desenfoque explica por qué tantos programas bienintencionados se quedan en la presentación de resultados y no bajan al terreno. La ambición existe. Lo que falla es la arquitectura.
El papel está muy limpio. La parcela, no tanto
Según Luha, el error empieza en el orden de las prioridades. Las empresas suelen saber qué quieren para su reporte: factores de emisión más finos, datos primarios más fiables o una reivindicación climática que pueda sostenerse sin despeinarse. Pero cuando esa petición aterriza en el agricultor, la música cambia: se convierte en una carga administrativa con un beneficio poco claro.
Y aquí está el choque de fondo. El agricultor no recibe una simple solicitud de datos. Recibe una mezcla de exigencias: compartir información sensible, cambiar prácticas, asumir riesgo agronómico y hacerlo, además, en tiempos que no siempre coinciden con los suyos. Si la promesa es vaga o demasiado lejana, la participación se enfría rápido.
Luha insiste en que muchos programas se rompen antes de tocar la tierra. No porque el campo no quiera colaborar, sino porque el sistema llega tarde, mal y con lenguaje de oficina.
La cosa se complica todavía más por la propia estructura de la cadena alimentaria. Entre la explotación y la marca hay intermediarios, cooperativas, operadores logísticos, procesadores, almacenamiento, comercio de materias primas… todo un laberinto que hace que una idea muy ordenada en una hoja de cálculo se vuelva bastante menos dócil cuando toca llevarla a campos reales, rotaciones reales y campañas reales.
La cadena alimentaria tiene capas. Y todas pesan
Ese es uno de los grandes problemas que ve el directivo de eAgronom: las empresas suelen estar lejos de la explotación agrícola, aunque sean las primeras interesadas en reducir emisiones. El resultado es paradójico, porque la parte más contaminante del sistema es también la que menos control directo tiene la compañía que vende el producto final.
Luha pone el foco en otro desfase que parece menor, pero no lo es: el calendario. Las corporaciones trabajan con ciclos de reporte; las explotaciones, con ciclos agronómicos. Si una empresa contacta con un agricultor después de sembrar, durante la cosecha o fuera de la ventana adecuada para adoptar nuevas prácticas, la oportunidad de ese año se pierde.
Y no hablamos de cambios menores. Cubiertas vegetales, laboreo reducido, optimización del fertilizante o rotaciones más cuidadas no se improvisan para quedar bien en un documento. Tienen ventanas concretas y dependen de decisiones tomadas mucho antes de que llegue el departamento de sostenibilidad.
Además, las compañías suelen pensar cultivo por cultivo: trigo, cebada, avena. Pero el agricultor piensa en sistema completo. La agricultura regenerativa, recuerda Luha, no se juega en una sola parcela aislada, sino en la rotación entera. Si el incentivo se aplica solo a un cultivo y las prácticas afectan al anterior, al siguiente o a la preparación del suelo, la cuenta de riesgos y costes la termina pagando quien trabaja la tierra.
Cuando pedir datos se parece demasiado a pedir fe
La gran traba, para Luha, está en los incentivos. Las empresas quieren datos. Los agricultores necesitan un motivo real para darlos. Las empresas quieren impacto. Los agricultores necesitan apoyo para conseguirlo.
Por eso critica que muchos programas suenen más a requisito de cumplimiento que a oportunidad compartida. El agricultor acaba viendo la iniciativa como algo que la marca necesita para su reporte, no como una herramienta que pueda mejorar su rentabilidad, su resiliencia o incluso su manejo diario. Y así es difícil que nadie se suba al carro con entusiasmo.
eAgronom defiende que un buen programa de Scope 3 debería sostenerse sobre tres patas: valor financiero, valor agronómico y control por parte del agricultor. El primero puede llegar en forma de pagos por prácticas o resultados, primas por cultivos con menos emisiones, ingresos por créditos de carbono o acceso a mejor financiación. El segundo pasa por suelos más sanos, más capacidad de retener agua, mayor resistencia a la variabilidad climática y acompañamiento técnico. El tercero es casi tan importante como los otros dos: saber qué datos se recogen, quién los usa, qué se declara con ellos y si la compensación es justa.
“El dinero por sí solo no basta si el programa añade demasiada complejidad o demasiado riesgo”, resume Luha. Y deja otra frase que pesa: el agricultor no debería quedarse solo con un PDF y un objetivo.
La idea que repite eAgronom es que Scope 3 no va solo de datos. Va de implementación. O dicho de otra manera: el problema no es medir una huella, sino conseguir que alguien cambie de verdad cómo produce.
Según la compañía, su plataforma trabaja con más de 3.500 explotaciones agrícolas en 14 países y busca precisamente tender ese puente, automatizando la recogida de datos de campo y afinando la medición de emisiones y remociones de carbono. Pero incluso ahí, Luha pone el acento en lo que considera el punto de arranque real: la confianza.
“Scope 3 empieza con confianza”, dice. Antes de hablar de reducción de emisiones, la participación tiene que ser práctica: poca carga administrativa, incentivos claros, consentimiento del agricultor, buena gobernanza de datos y apoyo agronómico de verdad. Si eso falta, los programas se quedan atrapados en los equipos de sostenibilidad y no cambian nada en la parcela.
Y ojo, porque el siguiente giro ya está asomando por la puerta. Los marcos regulatorios que llegan en Europa empujan hacia datos más creíbles a nivel de campo, con más exigencias de trazabilidad, verificación, consentimiento y protección frente al doble cómputo. Eso vuelve a dar protagonismo al agricultor, que deja de ser solo un proveedor de materia prima para convertirse también en guardián de datos críticos y pieza clave del impacto climático.
La pregunta, a partir de ahora, no es si las empresas tendrán que afinar mucho más. La pregunta es quién seguirá confiando en promedios genéricos, encuestas y estimaciones por satélite cuando el estándar empiece a pedir prueba, no solo intención. Habrá que ver quién llega a tiempo al nuevo juego y quién se queda mirando desde la barrera.