A veces, para que una campaña no empiece torcida, lo primero es decirle al agricultor que no va a regalar su trabajo. Y eso, justo eso, es lo que ha querido hacer el Gobierno filipino con el arroz: fijar precios de compra antes de que llegue la cosecha para que sembrar siga teniendo sentido, pese al empujón de El Niño y al encarecimiento de los insumos.
La idea es sencilla en el papel, pero muy potente sobre el terreno: si el productor sabe de antemano cuánto le pagarán por su palay, puede plantar con algo más de tranquilidad. El palay es el arroz sin procesar, el grano tal y como sale del campo, y en esta ecuación manda tanto el clima como el coste del fertilizante.
El secretario de Agricultura, Francisco P. Tiu Laurel Jr., explicó que la orden presidencial pasa por evitar que los agricultores pierdan dinero en la próxima campaña. Y no hablamos de una ayuda simbólica: el mensaje que se lanza es que el arroz debe seguir siendo un negocio viable, no una ruleta donde el margen desaparece entre el abono caro y una cosecha incierta.
El NFA se adelanta al mercado
La pieza central del plan la pone la National Food Authority, la autoridad alimentaria filipina, que moverá ficha antes de que arranque la recolección. Fijará un precio de referencia de PHP22 por kilo para el palay húmedo y PHP27 por kilo para el seco, con la intención de marcar suelo para el sector y dar a los agricultores una referencia clara desde el principio.
No es un detalle menor. Cuando el precio aparece tarde, el pequeño productor suele llegar con menos fuerza a la negociación y acaba aceptando lo que haya sobre la mesa. Esta vez, la autoridad quiere presentarse antes, con una propuesta que sirva de termómetro para el resto del mercado y que empuje a los comerciantes privados a no tensar demasiado la cuerda.
Larry Lacson, administrador del NFA, aseguró que el organismo actuará con más decisión que en otras ocasiones. “Vamos a comprar antes y a precios más altos”, vino a decir, en contraste con la estrategia de la campaña seca, cuando la agencia entró más tarde y sobre todo para igualar lo que ya estaban ofreciendo los comerciantes privados.
De hecho, durante esa recogida de la campaña seca, el NFA compró palay seco a entre PHP25 y PHP30 por kilo. Ahora, con ese ciclo ya prácticamente rematado, la entidad también está moliendo una parte relevante de sus reservas para hacer hueco en los almacenes de cara a la nueva entrada de grano. Y ojo, porque la logística también cuenta: sin espacio, no hay compra posible.
Campos protegidos, tiendas vigiladas
Mientras el Gobierno intenta sostener la renta del agricultor, también está apretando en el otro extremo de la cadena para que el consumidor note el alivio. La otra gran batalla se libra en los mercados minoristas, donde se están intensificando las inspecciones para hacer cumplir el tope de PHP50 por kilo para el arroz importado con un 5 % de granos partidos.
En esas revisiones recientes, realizadas en Metro Manila y otras regiones, las autoridades se han encontrado con casos de sobreprecio y de etiquetado incorrecto. Es decir: arroz vendido por encima del límite y sacos mal identificados, una mezcla bastante incómoda para quien presume de cumplir la norma y, al mismo tiempo, para quien compra creyendo que paga una cosa y se lleva otra.
Ya se han emitido varios avisos de infracción a comercios que no respetaban la orden. Wiann Angsiy, secretaria adjunta, dejó claro que las inspecciones sorpresa seguirán mientras el precio máximo siga vigente. La idea del Gobierno es contener la inflación alimentaria y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a un arroz más asequible.
La medida, eso sí, no está exenta de fricciones. Los minoristas sostienen que el tope puede estrecharles demasiado el margen y apuntan a que algunos proveedores les están vendiendo el arroz importado a precios elevados. Angsiy respondió que, si el problema está arriba de la cadena, habrá que mirar allí: los comerciantes deberán señalar a esos suministradores para que las autoridades puedan ir contra importadores o mayoristas que estén vendiendo por encima de lo razonable.
La partida real se juega en la cadena completa
Lo interesante de todo esto es que no estamos ante una sola medida, sino ante dos movimientos coordinados. Por un lado, el Estado trata de proteger al productor para que no deje de sembrar; por otro, intenta que el consumidor no pague la factura completa de la tensión en el mercado. Dos frentes, una misma obsesión: que el arroz no se dispare ni en origen ni en tienda.
En un cultivo tan sensible a los costes y al clima, cualquier mensaje de estabilidad pesa mucho. El problema es que la estabilidad, en el campo, rara vez se consigue con un decreto y ya está. Hace falta que el precio anunciado llegue a tiempo, que las compras se ejecuten de verdad y que las inspecciones no se queden en un susto de una semana.
Habrá que ver si este adelanto de compras y este cinturón más apretado en los mercados consiguen calmar la campaña que viene. De momento, Filipinas ha movido ficha. Y la próxima cosecha dirá si la jugada ha sido valiente, útil o simplemente necesaria.