En un reciente comunicado a la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, que en la actualidad detenta Bélgica, y al comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, el Gobierno español ha presentado una serie de propuestas para la simplificación de la Política Agraria Común (PAC). Las sugerencias de España se articulan en torno a la intención de reducir el peso administrativo de los agricultores, atendiendo una solicitud formulada por Bélgica a los Estados miembros.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado su inquietud por la implementación de la nueva PAC que empieza el 1 de enero de 2023. El malestar que ha suscitado entre los agricultores y ganaderos ha desatado manifestaciones en múltiples países de la Unión Europea, incluido España. A raíz de esto, Planas reitera «Requerimos soluciones concretas y urgentes», dejando claro la necesidad de una reforma inmediata en la PAC.
Planas propone adaptaciones de las normativas de condicionalidad reforzada, suficiente margen de flexibilidad para modificar los planes estratégicos y una reducción de cargas burocráticas. Entre los cambios sugeridos, se sugiere la eliminación de algunas obligaciones que imponen ciertas normativas de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (normativas BCAM). Esto conllevaría, por ejemplo, la derogación de la BCAM 7 (rotación de cultivos) y de la BCAM8 (superficies no productivas) en las superficie de regadío, y en BCAM 6 (cobertura mínima de suelo), permitir el laboreo vertical entre la cosecha.
El ministro hace gran énfasis en la simplificación para los pequeños agricultores, sugiriendo que para ellos se restaure un régimen simplificado como existía en la PAC hasta 2022. Otras propuestas incluyen que los agricultores con menos de 5 hectáreas queden exentos de control de condicionalidad y por que se suprima cualquier nuevo requisito para productores y administraciones relacionados con las fotos geoetiquetadas. Estas son solo algunas de las 18 medidas que Planas presentó, reforzando su clamor por «simplificar sustancialmente» obligaciones de los agricultores.
La necesidad de flexibilidad para las intervenciones sectoriales se ha hecho patente, dado que en muchos casos no se ajustan a las demandas de una planificación plurianual. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, anhela que la Comisión Europea se muestre sensible a estas demandas, «sin prejuicios previos y sin limitaciones».