El sector vitivinícola en España atraviesa una situación de crisis notoria. El descenso en la demanda ha desatado un intenso debate del cual forman parte organizaciones agrarias, bodegueros y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este último se ha mostrado reticente a adoptar medidas como el arranque subvencionado de viñedos para adecuar la oferta a la demanda. Una amenaza que se cierne sobre más de 95.000 hectáreas de viñedo, que podrían quedar en abandono sin la ayuda de subvenciones.
Posiciones encontradas
Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA propusieron un arranque subvencionado de viñedos, una solución que, si bien ha generado críticas, también ha sido respaldada por la Unión de Uniones. Sin embargo, bodegueros y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han mostrado su rechazo a esta medida.
La posición de Planas es firme: España no optará por el arranque de viñedos, a diferencia de lo hecho en Francia, que ha entregado 120 millones de euros en ayudas para arrancar 30.000 hectáreas. El ministro asegura que si fueran necesarias más medidas, se adoptarían, pero también advierte que los productores deben asumir sus responsabilidades al controlar sus rendimientos.
¿La solución al abandono?
Según COAG, de las potenciales subvenciones al arranque de viñedo depende la supervivencia de más de 95.000 hectáreas de este cultivo, lo que representa el 10 % del total en España. Para Asaja, COAG y UPA, los productores deberían contar con ayuda financiera para arrancar sus viñedos, la cual sería independiente de una posterior replantación o arranque definitivo.
Posteriormente, se daría un periodo de entre tres a seis años para que los productores puedan replantar las mismas superficies arrancadas, accediendo a ayuda financiera. Si tras seis años el agricultor decide no replantar, se le asignaría una compensación económica definitiva. Los fondos para estas medidas podrían provenir de la Unión Europea o de los propios Estados miembros.
La Federación Española del Vino y su postura
Desde el punto de vista de los bodegueros, representados por la Federación Española del Vino (FEV), las cosas se ven de manera diferente. No cuestionan que hay zonas con problemas que necesiten ponderar el arranque de viñedos, pero consideran que existen otras vías más sensatas para el control del potencial productivo. En su criterio, el arranque sería una medida irreversible y, en caso de implementarse, debería ir de la mano con medidas que eviten el aumento alternativo de los rendimientos.
En medio del debate, el futuro del sector vitivinícola español está en juego. Las decisiones que se tomen hoy, bien o mal, tendrán un impacto vital en la viabilidad de miles de hectáreas de viñedos, y consecuentemente, en la economía y el empleo que se genera en torno a su explotación.