El apoyo de los países de la Unión Europea se ha inclinado a favor de la propuesta de la Comisión para posponer la aplicación de una crucial ley comunitaria, cuyo objetivo es frenar la deforestación vinculada al consumo europeo. Dicha propuesta contempla un retraso de doce meses, quedando solo pendiente la decisión final del Parlamento Europeo para que se haga efectiva.
La institución que representa a los Estados miembros ha indicado que «El Consejo ha acordado su posición sobre la enmienda del reglamento de deforestación de la UE, permitiendo su postergación por 12 meses». Esto se decidió en una reunión sostenida por los embajadores de los países miembros ante la UE, creando con esto un aplazamiento que permitirá a las naciones terceras, los Estados miembros, los operadores y los comerciantes a estar plenamente preparados para cumplir con sus obligaciones de diligencia debida. Esto es, garantizar que ciertos productos y mercancías que son vendidos en la UE, o exportados desde esta, estén libres de deforestación.
El reglamento, que fue aprobado por el Parlamento y el Consejo en 2023, y que actualmente está siendo enmendado, aspira evitar que ciertas materias primas y productos derivados generen deforestación a partir del 30 de diciembre de 2024. Aquellas empresas que importen a la UE dichas materias primas deberán, según la legislación actual, demonstrar mediante un sistema de geolocalización que no han generado deforestación o degradación de las masas forestales.
La enmienda propuesta por la Comisión Europea ofrece «+
12 meses adicionales de período de adaptación, respondiendo a las solicitudes de socios globales» tras intensas presiones de algunas industrias y países como Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, entre otros. La fecha de aplicación sería entonces el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para las micro y pequeñas empresas.
A pesar de que la decisión de posponer la implementación del reglamento ha sido calificada por la organización ecologista WWF como «un paso atrás profundamente decepcionante», el Consejo ha resumido que la prórroga propuesta proporcionaría la certeza legal, previsibilidad y tiempo necesarios para una implementación fluida y efectiva del reglamento. En definitiva, la aprobación final para retrasar la implementación de la normativa depende del aval de la Eurocámara.