En una acción conjunta, las organizaciones agrarias Asaja y COAG, junto con Cooperativas Agro-alimentarias, han presentado un documento el pasado martes en Madrid, en el que exponen la importancia de encarar la agricultura como una «cuestión de Estado». Además, no dudan en sugerir hasta 12 soluciones «concretas» a los retos actuales que enfrenta el campo.
Un llamado a la simplificación y a la consistencia política. Así define el colectivo su propuesta para la Política Agraria Común (PAC). Demandan una eliminación de la burocracia que obstacula la agricultura profesional e independiente. Sin embargo, argumentan que es desalentador observar que no se reconoce ampliamente el compromiso del sector con la sostenibilidad y los avances conseguidos en los últimos años.
En cuanto al comercio internacional, exigen un cumplimiento «estricto» de los acuerdos vigentes, que evite que se produzca una competencia desigual en temas medioambientales y sociales. Se hace necesario, según ellas, establecer reglas productivas en línea con la normativa de la Unión Europea.
No olvidan hacer énfasis en la Cadena Alimentaria. Estas organizaciones buscan garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, a pesar de las diversas regulaciones farmacéuticas en los estados miembros de la Unión Europea.
Formulan también una petición al Gobierno: aplicar una política de agua que invierta en infraestructuras y apueste decididamente por este recurso. Se requiere que la sociedad tome conciencia de la importancia del riego, más allá de la imagen distorsionada que a menudo se tiene de este.
En lo que respecta a la ganadería y al empleo, las propuestas apuntan a un respeto y reconocimiento de la importancia del sector ganadero y a una adaptación de la reforma laboral a las necesidades del campo, respectivamente.
Con una mirada al futuro, las organizaciones impulsan el relevo generacional, buscando no solo la incorporación de jóvenes al campo, sino también su permanencia. El marco económico tampoco se deja a un lado, incluyendo la petición de líneas de financiación bonificadas y una columna orientada a la fiscalidad y a los seguros agrarios.
Finalmente, se proponen ajustes en el marco medioambiental y el tratamiento de la fauna salvaje. Se demanda que se adapten los compromisos del Pacto Verde a la realidad económica y social del sector productor considerando «el factor humano» y se plantea la suspensión de la inclusión del lobo en el listado de Especies en régimen de protección especial.
