El subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ernesto Abati, ha dado importantes anuncios que beneficiarán a los productores afectados por la reciente dana. En una rueda de prensa celebrada en Moncloa, Abati explicó que se destinarán 200 millones de euros en ayudas directas a los agricultores que hayan sufrido daños significativos, con un proceso simplificado que no requiere que los afectados presenten solicitudes.
Ayudas directas sin papeleo
«No le vamos a pedir ningún papel, sino que de oficio le concederemos la ayuda, en un plazo de tres meses o tres meses y medio, sin que los agricultores tengan que interactuar con la Administración», aseguró Abati, enfatizando la agilidad en el proceso. Esta decisión busca minimizar las cargas administrativas y facilitar el acceso a las ayudas a los productores que más lo necesitan.
Tan solo será necesaria una peritación previa de los daños, ha precisado el subsecretario, quien también informó que los peritos de Agroseguro se pondrán en contacto con los titulares de las explotaciones afectadas para llevar a cabo este proceso. Todas las explotaciones que estimen pérdidas productivas de al menos un 40 % tendrán derecho a la ayuda, asegurando así que los recursos se distribuyan donde más hacen falta.
Evaluación de daños y rapidez en el proceso
Para garantizar una evaluación eficiente de los daños, ha remarcado que 140 peritos trabajarán sobre el terreno utilizando imágenes aéreas. Este enfoque permitirá que en un plazo estimado de seis semanas se genere un primer listado de beneficiarios de estas ayudas. La coordinación entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y Agroseguro es clave, y han firmado un acuerdo para acelerar los tiempos de peritación.
El subsecretario también agregó que, según sus estimaciones, hay un potencial de 47,000 agricultores afectados que deberán ser evaluados. Sin embargo, ha sido cauteloso con la evaluación total de los daños, indicando que la prioridad inmediata ha sido atender las necesidades básicas de la población afectada por el desastre.
Reparación y reconstrucción del sector agrario
Estas ayudas directas no son el único apoyo financiero que el Gobierno destina a los afectados. Se ha anunciado la asignación de 170 millones de euros para reparar daños en infraestructuras agrícolas, incluyendo parcelas, caminos rurales y sistemas de riego. La empresa pública Tragsa se encargará de realizar estos trabajos durante el mes de diciembre, garantizando que las áreas más perjudicadas puedan recuperar su capacidad operativa a la brevedad.
Además, se contempla una partida de 10 millones de euros para la reposición de maquinaria agrícola dañada y 60 millones de euros para facilitar el acceso a la financiación de agricultores y ganaderos, ayudándoles a retomar sus actividades productivas. Este enfoque integral pretende no solo apoyar a quienes han enfrentado pérdidas, sino también fortalecer la sostenibilidad del sector a largo plazo.
Un panorama más amplio: medidas adicionales
El paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros no se limita a la ayuda directa a agricultores. Incluye también una bolsa de 4,5 millones de euros destinada a la distribución de alimentos entre la población afectada y la normalización del suministro en los mercados, tanto mayoristas como minoristas. Este esfuerzo busca restaurar la confianza y la estabilidad alimentaria en las regiones afectadas.
Con la implementación de estas iniciativas, el Gobierno busca no solo compensar las pérdidas inmediatas sino también promover la recuperación y el fortalecimiento de un sector agrario que es esencial para la economía del país. A medida que se avanza en este proceso, se espera que la colaboración entre diferentes entidades y el sector afectado propicie una recuperación sostenible.
En este contexto, es fundamental que los agricultores sean conscientes de las oportunidades de apoyo que se presentan, así como de la importancia de la evaluación adecuada de los daños para acceder a las ayudas disponibles. La situación actual ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la resiliencia del sector agrario ante fenómenos climáticos extremos y la necesidad de prepararse para futuros desafíos.