El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, aprovechó este martes su participación en el Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas, para pedir que el criterio de despoblación se incorpore de forma expresa a la Política Agraria Común (PAC). A su juicio, un eventual recorte de estas ayudas penalizaría de forma desproporcionada a territorios con baja densidad demográfica y envejecimiento, como Aragón.
Azcón trasladó este mensaje al comisario de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, durante una reunión en la que defendió que el diseño del presupuesto europeo tenga en cuenta la realidad del medio rural. «La despoblación tiene que contar», resumió. Según explicó, la decisión que adopte la UE en la negociación del marco financiero afectará directamente a la renta de las explotaciones y a la viabilidad de la cadena de suministro agroalimentaria.
Aragón concentra el 10% del territorio nacional y solo el 3% de la población, recordó el dirigente autonómico, lo que condiciona la prestación de servicios, el relevo generacional y los costes de producción en el campo. En la comunidad, 55.000 personas viven del sector agrario y en torno al 15% de la economía regional gira en torno a la agricultura y la ganadería. Además, 13 de las 33 comarcas presentan densidades por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado.
Reunión con el comisario Hansen
El jefe del Ejecutivo aragonés expuso a Hansen que un ajuste en la PAC se traduciría en menos margen para modernizar regadíos, aplicar manejo integrado de plagas o mejorar la trazabilidad, y golpearía sobre todo a zonas con orografía compleja y envejecimiento. Defendió que, igual que esos factores se ponderan en la financiación de servicios básicos, también deben hacerlo en el reparto de ayudas agrarias.
Azcón aseguró que el comisario «consideró el argumento de suficiente peso» para tenerlo en cuenta en el proceso presupuestario. «Si quienes deciden no conocen los problemas reales que tenemos en Aragón, es imposible que se apliquen soluciones», apuntó. Su objetivo, insistió, es evitar que el ajuste de fondos derive en una pérdida de competitividad para las explotaciones de secano y regadío más expuestas a los sobrecostes.
Impacto en el campo aragonés
Con densidades por debajo del umbral de 10 habitantes por kilómetro cuadrado en un tercio del territorio comarcal, el Gobierno autonómico considera que un recorte en la PAC sería «sangrante» para el medio rural aragonés. El Ejecutivo vincula ese riesgo a la continuidad de explotaciones familiares, al mantenimiento de servicios en los pueblos y al equilibrio entre ganadería extensiva e intensiva.
Azcón añadió que no ve «adecuado» articular un fondo único que diluya las políticas y complique la llegada directa de las ayudas a agricultores y ganaderos. Aunque concedió que ese enfoque es problemático en términos generales, subrayó que, en el caso de Aragón, el condicionante diferencial es la despoblación, junto con el envejecimiento y la dispersión territorial.
Coordinación autonómica y negociación estatal
El presidente aragonés abogó por una posición común con comunidades afectadas por la pérdida de habitantes, como Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, para reforzar el mensaje ante el Gobierno central y las instituciones europeas. La intención es que el criterio de despoblación figure de forma explícita en la arquitectura de la PAC.
En esa línea, recordó que el presupuesto comunitario se aprueba con el voto de los Estados miembros y que el Gobierno de España tiene la responsabilidad de negociar con la Comisión Europea. Reclamó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) «resultados» en la defensa del sector. «Trasladar mensajes no basta», dijo, instando al titular del ramo, Luis Planas, a asegurar que las prioridades del medio rural español queden reflejadas en el acuerdo final.
Semana Europea de las Regiones: centros de datos
En paralelo a la agenda agraria, Azcón presentó en Bruselas la estrategia de Aragón para atraer infraestructuras digitales. Aseguró que la comunidad está captando centros de datos «como pocas regiones de Europa», una palanca que considera clave para impulsar la economía digital.
Los centros de datos, subrayó, son la base sobre la que se desplegarán servicios de inteligencia artificial y de alto rendimiento computacional. «Sin infraestructuras tecnológicas es difícil ser competitivos», señaló, al destacar que estas inversiones actúan como efecto arrastre para empresas tecnológicas y servicios asociados, desde conectividad hasta almacenamiento y ciberseguridad.
Azcón afirmó que Europa observa el caso aragonés por su capacidad para atraer proyectos que, a su juicio, refuerzan la diversificación económica y la cohesión territorial. La atracción de centros de datos se plantea como complemento al tejido agroalimentario, con el objetivo de sostener empleo, fijar población y ganar productividad en el medio y largo plazo.