La Comisión Europea ha presentado en Estrasburgo una estrategia para garantizar el relevo generacional en el campo y propone que los Veintisiete destinen un porcentaje fijo de su gasto agrícola a ese fin. Bruselas reclama invertir un 6% en medidas específicas para jóvenes, con la meta de duplicar su presencia entre los titulares de explotaciones: del 12% actual al 24% en 2040. El plan, impulsado por el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, fija una hoja de ruta común y marca hitos a medio plazo.
La recomendación se dirige con especial énfasis a los países más rezagados e incluye la posibilidad de movilizar recursos adicionales si fuera necesario. El objetivo es ampliar el acceso a la tierra, a la financiación y a los conocimientos, tres cuellos de botella recurrentes para el primer establecimiento y el crecimiento de las explotaciones de nueva generación.
Planes nacionales antes de 2028
La estrategia exige la elaboración de planes nacionales de relevo generacional antes de 2028. Estos documentos deberán identificar los obstáculos existentes para incorporarse al sector y detallar medidas de apoyo concretas, en línea con las recomendaciones comunitarias. Bruselas quiere homogeneizar criterios y acelerar la llegada de nuevos titulares a las explotaciones, sin sustituir las competencias de cada Estado miembro en materia agraria.
Los planes deberán articular instrumentos que acompañen al joven agricultor desde la instalación hasta la consolidación de su proyecto, con actuaciones sobre formación, asesoramiento, acceso a parcelas y apoyo al manejo de inversiones iniciales. La Comisión subraya que la evaluación de resultados será parte central del seguimiento.
Más apoyo en la PAC 2028-2034
La propuesta se alinea con la futura reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. La Comisión plantea triplicar el tope de la ayuda europea concedida a través de instrumentos financieros para jóvenes agricultores: de 100.000 a 300.000 euros. Este incremento permitirá, según el Ejecutivo comunitario, un volumen de préstamo mayor por proyecto o, alternativamente, una reducción sustancial del coste de los intereses.
El refuerzo financiero pretende impulsar inversiones en modernización, eficiencia del riego, mecanización, digitalización y mejora del manejo de plagas (MIP), ámbitos en los que la barrera de entrada por costes es más alta para los recién incorporados al sector.
Financiación y transparencia del suelo
La hoja de ruta prevé afinar la orientación de los fondos hacia quien más los necesita. La Comisión colaborará con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para facilitar el acceso al crédito, con productos adaptados a explotaciones de menor tamaño y a proyectos de primera instalación. También impulsará asistencia técnica para la preparación de planes de negocio y para la gestión de riesgos.
Además, el Ejecutivo comunitario anuncia la creación de un Observatorio Europeo del Suelo. La iniciativa buscará mejorar la transparencia en materia de suelo y poner a disposición información relevante para la toma de decisiones públicas y privadas, con implicaciones directas sobre la planificación agraria y la disponibilidad de parcelas.
Conciliación y atractivo rural
El plan incorpora actuaciones para hacer más atractivo el medio rural a largo plazo. Se prevé invitar a jóvenes agricultores a participar en el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, con intercambios que favorezcan el aprendizaje práctico y el intercambio de experiencias entre explotaciones.
La Comisión promueve, además, políticas para mejorar las condiciones de vida en los pueblos, con especial atención a la participación de jóvenes y mujeres en la gobernanza local y en la cadena de suministro. Se plantea cofinanciar servicios de sustitución en las explotaciones durante bajas por enfermedad, periodos vacacionales o cuidados familiares, con el fin de facilitar la conciliación.
Con este paquete, Bruselas busca acelerar un relevo generacional que considera estratégico para la productividad, la sostenibilidad y la trazabilidad del sector primario europeo. La implementación quedará en manos de los Estados miembros, que deberán priorizar el 6% del gasto agrícola y concretar, antes de 2028, cómo convertirlo en resultados medibles sobre el terreno.