Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha alertado de un recorte relevante en la financiación de la futura Política Agraria Común (PAC). Según un documento de la Comisión Europea conocido en los últimos días, España recibiría 37.523 millones de euros en el próximo periodo, lo que implicaría un descenso del 22% en precios corrientes frente a los 47.724 millones fijados en el actual PEPAC para 2021-2027.
La organización subraya que la rebaja no afectaría solo a España, sino al conjunto de los Veintisiete. Pese a ello, el país seguiría como segundo receptor de fondos, con un 12,7% del presupuesto estimado, por detrás de Francia y por delante de Alemania e Italia.
Bruselas, por su parte, sostiene que mantiene un suelo financiero para las ayudas a la renta y que los Estados miembro podrían reforzar sus presupuestos agrarios con otras partidas, algo que el sector cuestiona por falta de garantías.
Asignación y posición de España
El documento comunitario cifra para España 37.523 millones, situándola como el segundo país con mayor asignación de la PAC, tras Francia. A continuación se sitúan Alemania e Italia. Con todo, la cifra implicaría un retroceso frente al actual marco financiero, que prevé 47.724 millones para el periodo 2021-2027.
Unión de Uniones recalca que la caída estimada se expresa en precios corrientes y advierte de que el ajuste afectaría a la planificación de explotaciones agrícolas y ganaderas, sobre todo en un contexto de costes elevados y exigencias regulatorias.
La tesis de la Comisión Europea
La Comisión reitera que su propuesta asegura una base de 293.700 millones de euros para las intervenciones de apoyo a la renta. Además, señala que existirían hasta 453.000 millones que los Estados miembro podrían movilizar para mejorar los presupuestos nacionales de la PAC.
Para la organización agraria, ese enfoque es insuficiente. Duda del compromiso real de los gobiernos —incluido el español— para reforzar con fondos propios el pilar agrario cuando compiten prioridades como cohesión o defensa. En su opinión, el resultado es una PAC con menos músculo y más incertidumbre.
Críticas del sector
Unión de Uniones acusa a Bruselas de trasladar la responsabilidad a las capitales. «Pasa la patata caliente», resume su coordinador estatal, Luis Cortés, al referirse tanto a la financiación como a aspectos como la condicionalidad.
El dirigente lamenta el contraste entre los mensajes políticos y el cálculo presupuestario ahora sobre la mesa. A su juicio, las promesas realizadas tras las protestas agrarias de 2024 y la llamada Visión para la Agricultura se han quedado «en papel mojado».
La organización reclama que la UE asuma el liderazgo en el diseño de una política verdaderamente común, con certezas financieras y reglas estables, y no delegue decisiones sensibles que, de facto, dependen de la voluntad y del margen fiscal de cada Estado miembro.
A falta de una propuesta cerrada, el sector insiste en que cualquier reducción de fondos —y su eventual compensación vía presupuestos nacionales— debe valorarse con prudencia. La clave, apuntan, es garantizar que las explotaciones dispongan de ingresos previsibles para planificar campañas, inversiones y cumplimiento de requisitos ambientales.
El debate, advierte Unión de Uniones, no es solo contable: atañe a la estabilidad de la renta agraria, a la continuidad de explotaciones en regadío y secano y a la capacidad de sostener la producción en un mercado cada vez más tensionado por costes, competencia y normas. En ese marco, la organización reclama claridad y certidumbres cuanto antes.
