La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas que ascienden a 3,1 millones de euros a siete empresas por su participación en tres cárteles. Las empresas fueron acusadas de repartirse contratos públicos de suministro alimentario a hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios e instalaciones del Ejército.
Las empresas implicadas en estos cárteles han funcionado durante varios años, según ha informado recientemente la CNMC. La entidad ha detallado que el primer cártel se formó en 2015 y estuvo en funcionamiento hasta agosto de 2021. Este cartel estaba formado por Plataforma Femar, Acacio, Serviline Foods y Asesores Llangon, que se dividieron las licitaciones para abastecer alimentos a organismos públicos y privados.
El segundo y tercer cártel también involucraron prácticas anticompetitivas por parte de Femar, Leonesa de Patatas, Hermanos Vidal y Frutícolas Ateca, siendo activos desde enero hasta marzo de 2022. Mediante acuerdos bilaterales, se repartieron contratos para varios centros penitenciarios.
El total de multas a las empresas mencionadas asciende a 3.137.500 euros, tal y como informa la CNMC. Adicionalmente, la sanción a sus directivos alcanza unos 176.100 euros, en aplicación de las leyes vigentes en temas de defensa de la competencia.
Estas empresas, según la entidad de competencia, han acordado incluso la división de los beneficios y han intercambiado información comercial sensible. Este tipo de intrigas clandestinas dañan seriamente la competencia por licitaciones públicas, dejando a los consumidores y contribuyentes en una situación de desventaja.
La CNMC arrancó sus investigaciones e inspecciones en marzo y septiembre de 2022, a raíz de un aviso de los órganos de contratación de la Agencia Madrileña de Atención Social y de la Dirección General de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Las empresas infractoras podrán recurrir la decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional.
