El Congreso ha aprobado recientemente la Ley de Prevención de las Pérdidas y del Desperdicio Alimentario, lo que representa un paso clave en el intento de abordar uno de los problemas más significativos del ámbito agrícola y alimentario. Con este dictamen, que ha sido respaldado por 176 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones, la iniciativa ahora se dirige al Senado para su posterior deliberación.
Objetivos de la ley para reducir el desperdicio alimentario
La nueva norma cuenta con 19 artículos y varias disposiciones adicionales que buscan prevenir y reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Para lograr este objetivo, se ha establecido una jerarquía de prioridades que se centra en la responsabilidad y la intervención de todos los agentes involucrados en el proceso. De este modo, cada entidad deberá aplicar estrategias específicas para minimizar las pérdidas.
Se contempla también la obligación de que todos los actores de la cadena alimentaria desarrollen un plan de aplicación para la prevención de desperdicios, aunque hay excepciones para las microempresas y las pequeñas explotaciones agrarias, lo que muestra una sensibilidad hacia la situación particular de estos grupos.
Fomento de la donación y redistribución de alimentos
Un aspecto fundamental de la ley es su empeño en fomentar la donación y la redistribución de alimentos. Esto implica no solo poner en práctica medidas que faciliten estas acciones, sino también un análisis profundo de las causas del desperdicio y avanzar hacia una medición rigurosa y actualizada del mismo. Estos esfuerzos son vitales para asegurar que los alimentos en buen estado no se desperdicien, sino que lleguen a quienes más los necesitan.
El dictamen incluye, además, un capítulo sobre la racionalización de las fechas de consumo preferente, algo que puede contribuir a una mejor gestión de los excedentes alimentarios. También destaca la necesidad de implementar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario, reafirmando la importancia de establecer estructuras de control y seguimiento que garanticen el cumplimiento de la ley.
Un marco sancionador estricto
En cuanto a las repercusiones para aquellos que no cumplan con las normas establecidas, la ley introduce un régimen sancionador que contempla infracciones de diferentes niveles. Por ejemplo, no contar con un plan de prevención puede considerarse una infracción grave, lo que puede tener un impacto considerable en las empresas de la cadena alimentaria.
Las penas varían dependiendo de la gravedad de la infracción: se prevén sanciones con apercibimientos o multas de hasta 2.000 euros para infracciones leves, de entre 2.001 y 60.000 euros para las graves y de 60.001 a 500.000 euros para las muy graves. Esta estructura busca incentivar el cumplimiento normativo y disminuir el desperdicio a través de una penalización efectiva.
Compromiso del Gobierno y su evolución
El Gobierno ha manifestado un firme compromiso en la lucha contra el desperdicio alimentario, una meta que ya había intentado abordar anteriormente con iniciativas que finalmente no prosperaron. A través de esta nueva propuesta, se espera generar un cambio positivo y duradero en la forma en que se gestionan los recursos alimentarios en el país.
A medida que avanzamos en esta conversación sobre el desperdicio alimentario, es crucial reflexionar sobre nuestras propias prácticas y cómo cada uno de nosotros puede contribuir a una sociedad más sostenible. Con el enfoque adecuado, la ley no solo tiene el potencial de reducir las cifras alarmantes de desperdicio, sino también de concienciar a la población sobre la importancia de valorar los alimentos y adoptar hábitos más responsables.
