Carmen Crespo, eurodiputada y presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, considera que el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos resulta «lesivo» para España y plantea un «alto riesgo» para la rentabilidad del campo. La dirigente popular reclama activar salvaguardas y reforzar la vigilancia sobre las entradas de productos agrícolas para evitar daños en la campaña y en la cadena de suministro.
La eurodiputada propone un paquete de medidas: cláusulas de salvaguarda automáticas, una oficina europea específica de control de importaciones, límites inmediatos si se superan umbrales de volumen o precio y un etiquetado que distinga el origen y la calidad del producto europeo. Su diagnóstico se apoya en lo que califica de incumplimientos de contingentes y falta de control en frontera, con pérdidas para los productores españoles.
Desvío de cuota y falta de control
Crespo sitúa el foco en los contingentes pactados con Marruecos. Según su valoración, existe un «incumplimiento» de cupos y una «falta de control» que estaría alterando el mercado comunitario. Afirma que los productores españoles han perdido el 50% de su cuota en el mercado europeo mientras que Marruecos la habría incrementado un 70%. Para la eurodiputada, el actual marco no corrige desequilibrios y la competencia «se está desbordando».
El mensaje es que el problema no es coyuntural ni exclusivo de una campaña, sino de diseño del acuerdo y de su control. «Si España continúa retrocediendo en los controles de las importaciones, no solo pierde el agricultor, pierde Europa», advierte. En su opinión, está en juego la autonomía alimentaria y la capacidad de sostener un modelo productivo «propio, seguro y sostenible».
Crespo sostiene que el pacto, tal y como funciona hoy, puede profundizar una competencia desleal y pide frenar esa deriva con medidas concretas y verificables.
Golpe al tomate tras el Brexit
La eurodiputada denuncia además que el acuerdo no se ha actualizado a la realidad posterior al Brexit. Cita el mercado británico como ejemplo: el tomate español, asegura, «prácticamente ha desaparecido», con una pérdida del 80% de su presencia. Define la situación como «dramática» por su impacto directo en explotaciones, cooperativas y centrales hortofrutícolas orientadas a exportación.
El retroceso, insiste, va más allá del tomate. El riesgo, según Crespo, es que el desequilibrio arrastre al conjunto del hortofrutícola y debilite el tejido económico y social del medio rural. La pérdida de cuota y de precios en destino encadena efectos sobre el rendimiento de las fincas, el empleo en origen y la inversión en riego, manejo integrado de plagas y trazabilidad.
Cláusulas automáticas y oficina europea
Para corregir el desajuste, Crespo defiende la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones que centralice datos, armonice los criterios de inspección y garantice la reciprocidad en estándares. Su propuesta incluye activar «cláusulas de salvaguarda automáticas» que no dependan de decisiones ad hoc ni de plazos largos.
La eurodiputada apuesta por frenar las importaciones «de forma inmediata» cuando se superen umbrales objetivos: un incremento de volúmenes importados superior al 10% o una caída de precios de más del 10% en uno o varios Estados miembros. El planteamiento busca cortar la entrada en tiempo real cuando el flujo empuje los precios por debajo de niveles sostenibles para la producción europea.
También defiende un etiquetado europeo que ponga en valor el origen y el método de producción, de forma que el consumidor identifique el producto cultivado con estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad exigidos en la UE.
Más inspecciones en puertos
Además de los ajustes comunitarios, Crespo reclama al Gobierno que refuerce los puntos de inspección fronteriza en los puertos. Pide más personal, recursos económicos y tecnología para elevar los controles y «ejercer de verdad una vigilancia» sobre las importaciones. El objetivo, resume, es garantizar la trazabilidad, la reciprocidad en requisitos y el cumplimiento estricto de los acuerdos.
La eurodiputada incide en que un control eficaz en frontera es determinante para proteger al productor europeo y evitar que se desplace la competencia al precio a costa de estándares que la UE exige en fitosanitarios, residuos y bienestar. Con salvaguardas claras y un sistema de inspección robusto, sostiene, el mercado interior podrá absorber el producto importado sin «desordenar» las campañas en origen.