El Congreso de los Diputados ha aprobado las enmiendas del proyecto de ley contra el desperdicio alimentario, una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la redistribución y el uso de los alimentos, abordando la urgencia del problema del desperdicio en España. Ahora se busca legislar sobre la jerarquía de prioridades en el destino de los alimentos, un paso significativo hacia la concienciación social sobre este tema.
La necesidad de actuar frente al desperdicio
Durante el debate, varios diputados han puesto de manifiesto la gravedad del desperdicio de alimentos en el país. La diputada del Grupo Republicano, Teresa Jordà, ha subrayado la elevada cantidad de comida que se pierde en los hogares y ha hecho hincapié en que es un deber del Estado tomar medidas efectivas para mitigar esta problemática. Por su parte, el diputado de EH Bildu, Iñaki Ruíz de Pinedo, ha calificado la magnitud del desperdicio como «escandalosa», señalando su impacto ambiental negativo y el injusto reparto de alimentos que resulta de esta situación.
El contexto actual se ve complicado, tal como lo manifestó el diputado de Vox, Tomás Fernández, al señalar que las preocupaciones más urgentes de los españoles giran en torno a cuestiones económicas y no al desperdicio alimentario. Sin embargo, esta ley también busca atender las necesidades de los pequeños productores y garantizar que la agricultura y la ganadería no se vean perjudicadas. El portavoz del Grupo Sumar, Juan Antonio Valero, insistió en que la ley debe ir acompañada de incentivos y fondos que respalden a los agricultores.
El debate en el Congreso: un reflejo de diversas opiniones
El debate en la Cámara Baja ha sido un claro reflejo de la diversidad de opiniones sobre el tema. La diputada de Unidas Podemos, Martina Velarde, ha propuesto la inclusión de la «práctica del espigueo», que permite la recolección de los alimentos no cosechados en el campo por parte de entidades sin ánimo de lucro. Esta idea ha encontrado apoyo entre varios grupos, destacando la importancia de mejorar el aprovechamiento de recursos en la cadena alimentaria.
Asimismo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Joseba Andoni Agirretxea, ha expresado su satisfacción al ver que finalmente la ley avanza, reconociendo la necesidad de alinearse con las directrices de la Unión Europea tras su paralización anterior. Sin embargo, este progreso también ha sido criticado. La portavoz del Grupo Popular, Milagros Ortega, afirmó que el Gobierno ha «dinamitado» el consenso alcanzado en la pasada legislatura y ha resaltado la necesidad de establecer un uso responsable de los alimentos.
El impacto de la ley y los próximos pasos
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado que esta ley tiene un «muy alto impacto social» con repercusiones económicas y ambientales, enfatizando que es un paso crucial para abordar la crisis del desperdicio alimentario de manera efectiva. Según Planas, la implementación exitosa de esta ley debería contribuir a fomentar la sostenibilidad y la responsabilidad en la producción y el consumo de alimentos.
Este proyecto no solo busca reducir el desperdicio, sino también mejorar la formación y el conocimiento en torno a las prácticas alimentarias sostenibles. La diputada del Grupo Socialista, María Luisa Faneca, ha destacado que crear un marco normativo que establezca jerarquías sobre el uso de alimentos es fundamental para todos los operadores de la cadena.
El dictamen de la norma incluye una disposición adicional que aborda la representatividad de las organizaciones agrarias profesionales a nivel estatal, un compromiso clave del Gobierno tras las protestas agrarias de este año. Se espera que la votación final tenga lugar a finales de la mañana, marcando un importante avance en la lucha contra el desperdicio alimentario.
Este debate trae a la luz cuestiones esenciales sobre cómo gestionar nuestros recursos alimentarios de manera más eficiente. A medida que la implementación de esta ley avanza, será fundamental seguir observando su impacto en los hábitos de consumo y en las estrategias de producción agrícola del país.
