El Grupo Provincial del PP en la Diputación de Córdoba ha presentado dos mociones para su discusión en el próximo Pleno, que buscan «exigir al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y competencias» respecto a dos temas críticos: la expansión de la lengua azul y la financiación de las aulas de examen de la Dirección General de Tráfico (DGT).
La primera propuesta aborda la «preocupante expansión de la enfermedad de la lengua azul en Andalucía y otras comunidades», que ya está generando significativas consecuencias económicas y sanitarias en los municipios ganaderos de la provincia. Según el portavoz del grupo, Antonio Martín Romero, «la lengua azul ha dejado de ser un problema local para convertirse en una emergencia nacional».
Por tal razón, la moción demanda que el Gobierno de España «active de inmediato la reserva de crisis de la PAC y ponga en marcha un Plan Nacional de Vacunación», que garantice la distribución gratuita de dosis para todos los serotipos, siguiendo el modelo francés. Martín Romero criticó la inacción del ministro de Agricultura, Luis Planas, recordando que «la Junta de Andalucía ya ha hecho lo que le correspondía» al cubrir el 100% del coste de las vacunas y aprobar ayudas directas de 7,2 millones de euros, que se espera lleguen en noviembre.
El portavoz subrayó que «Planas sigue mirando hacia otro lado y ni siquiera comparece». Además, la moción exige la «cooperación del Ministerio con la Junta para reforzar las medidas de control vectorial y habilitar ayudas extraordinarias a los ganaderos», así como un reconocimiento público a la labor de ganaderos, veterinarios y Oficinas Comarcales Agrarias (OCA), quienes están en primera línea contra la enfermedad.
Financiación de Aulas de Exámenes
La segunda moción se centra en la «defensa de la asunción de competencias por parte de la DGT» y se opone a la intención de que los ayuntamientos asuman los gastos de las aulas de examen teóricos. Martín Romero enfatizó que, según la Constitución española, «es el Estado quien debe cubrir estos gastos, no los municipios».
Hasta ahora, en localidades como Puente Genil y Pozoblanco, los ayuntamientos cedían el local y el mantenimiento, mientras que la DGT asumía la gestión del personal. Sin embargo, la DGT busca un convenio nuevo que traslade a los ayuntamientos la carga de todos los gastos para adaptar las aulas, incluido el mobiliario y los equipos informáticos, lo que según el PP «supone una carga económica que no les corresponde».
La moción demanda que la DGT asuma la inversión en equipamiento y su mantenimiento, mientras que los ayuntamientos continuarían encargándose de la cesión de locales, la limpieza y la seguridad. También se insta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a defender a los ayuntamientos contra este «intento de trasladar competencias impropias».