En una sorpresiva maniobra política, las elecciones generales en España han sido adelantadas, dejando varias iniciativas agroalimentarias en el aire. Esta decisión, tomada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha generado cierta inquietud entre las organizaciones agrarias, que exigen una mayor consideración para el sector primario.
Una de las medidas más relevantes afectadas es el proyecto de ley sobre prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Con su tramitación en suspenso en el Senado, la disolución anticipada de las Cortes supone un freno en su desarrollo. Esta normativa, que era esperada por muchos como un paso importante en la lucha contra el despilfarro alimentario, tenía prevista su aprobación definitiva en junio.
Además, otras propuestas de ley vinculadas a cuestiones agrarias y alimentarias también han visto su progreso interrumpido. Entre ellas, destacan las iniciativas para mejorar las condiciones laborales en el campo, garantizar el acceso a Internet de banda ancha en zonas rurales, y medidas de regulación del cannabis, así como propuestas para potenciar las garantías ambientales y la participación ciudadana en proyectos eólicos y fotovoltaicos.
Las organizaciones agrarias han reaccionado con preocupación a estos acontecimientos. Pedro Barato, presidente de Asaja, ha mostrado su insatisfacción con la situación, destacando que “las políticas del Gobierno han sido dañinas para el sector agrario”. En esta línea, Barato ha hecho hincapié en la necesidad de revisar la aplicación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) y ha instado a buscar cambios en Bruselas y España.
Por otro lado, Miguel Padilla, secretario general de COAG, considera que el proceso electoral no afectará a la aprobación de normativas relevantes para el campo. Padilla ha restado importancia a los efectos de la disolución de las Cortes, especialmente en lo referente a los decretos de sequía.
Finalmente, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) aboga por no detener las medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos españoles a pesar de la situación política. La organización hace hincapié en la necesidad de que todos los gobiernos actúen con firmeza frente a la grave sequía que afecta al sector, solicitando la activación de fondos de la reserva de crisis por parte de la Unión Europea, incremento de los paquetes de apoyo por parte del Gobierno central y mayor inversión en los productores por parte de las comunidades autónomas.