La propuesta de la Comisión Europea (CE) para la flota de arrastre del Mediterráneo ha suscitado una fuerte reacción entre los armadores y las cofradías de pescadores. Este lunes, ambos grupos expresaron su rechazo a la medida, argumentando que implicaría una reducción drástica de los días de pesca. En el caso español, se prevé una disminución de un 79 % en los días en el mar, que pasarían de una media de 130 días anuales a tan solo 27.
Impacto en el empleo y la sostenibilidad del sector
Los pescadores han calificado esta propuesta como una "auténtica declaración de guerra". Aseguran que la medida conllevaría la desaparición de los 556 barcos que conforman la flota española de arrastre en el litoral mediterráneo, lo que a su vez amenazaría 17,000 puestos de trabajo. La flota de arrastre es esencial, ya que sostiene el resto de las modalidades de pesca, creando un efecto "bumerán" en la industria.
Además, la CE ha propuesto reducir los límites de captura para la gamba roja en un 30 %, estableciendo un nuevo límite de 551 toneladas anuales. Este impacto no solo afecta la economía de los pescadores, sino también el equilibrio del ecosistema marino.
Una herencia envenenada para el nuevo comisario
El sector pesquero de España, Francia e Italia se refiere a esta propuesta como una "herencia envenenada" para el nuevo comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, quien asumió el cargo hace poco más de una semana. Calificando el plan como un camino lleno de obstáculos, las organizaciones pesqueras han señalado que ya se ha experimentado una reducción del 40 % de los días de pesca en los últimos cuatro años debido a las normativas vigentes.
Preocupa también que, si no se realizan nuevas evaluaciones, el impacto de las medidas adoptadas en los últimos años podría seguir perjudicando este sector esencial de la economía mediterránea.
Propuestas alternativas y diálogo
Ante esta situación, los pescadores han manifestado su esperanza de que el Consejo de Pesca de la UE considere la solicitud conjunta que, en noviembre, plantearon los Gobiernos de los tres países. Este planteamiento busca conseguir una moratoria a las medidas de gestión para 2025. Además, se suscribió una declaración conjunta para solicitar la congelación del esfuerzo pesquero actual y reiniciar las negociaciones para adaptar el Plan Plurianual del Mediterráneo occidental.
El sector pescador ha valorado la postura del Gobierno español, subrayando la necesidad de realizar una evaluación exhaustiva del impacto de las medidas anteriores antes de tomar decisión alguna en la UE. La idea de que sea el Gobierno quien gestione y distribuya las cuotas, en lugar de entidades privadas, también ha cobrado fuerza en el discurso del sector.
La voz de la comunidad pesquera
En una reciente mesa redonda sobre el reparto de oportunidades de pesca, que coincidió con la inminente reunión del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, se abordaron diversos temas. Representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con pescadores y expertos, discutieron sobre la necesidad de adaptar las cuotas a las realidades del cambio climático. Se ha destacado la importancia de tener un sistema "más ágil" que permita a los pescadores acceder a sus cuotas en función de las variaciones en las poblaciones de las especies, como la caballa y la merluza.
El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, remarcó que sin cuotas, es difícil motivar a las nuevas generaciones a entrar en este sector. La necesidad de un relevo generacional y un sistema que contemple las realidades cambiantes del océano es más relevante que nunca.
La complejidad del futuro de la pesca en el Mediterráneo requiere no solo decisiones políticas, sino también un compromiso colectivo para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de este sector. La participación activa de todos los involucrados, desde pescadores hasta ecologistas, es fundamental para encontrar un equilibrio que permita la conservación del medio ambiente y la estabilidad de la industria pesquera.