La industria agroalimentaria española recibe de manera entusiasta la propuesta de la Comisión Europea de prolongar por 12 meses la ley destinada a prevenir la deforestación provocada por los productos consumidos en la Unión Europea. Este aplazamiento es visto como un respiro necesario para establecer y publicar las normas pendientes satisfactoriamente.
Las opiniones de distintos actores de la industria, tales como la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), resaltan el valor que esta ampliación representa por proporcionar a las empresas mayor certidumbre y seguridad jurídica. Coinciden en que los desafíos y la presión que implicaba cumplir con el calendario original arriesgaban la efectividad de la ley.
Puntos de vista similares son compartidos desde la patronal de fabricantes de piensos (Cesfac). Consideran que esta prórroga es una «oportunidad» para continuar trabajando con el fin de que la ley pueda ser efectivamente cumplida una vez que entre en vigor. La Asociación Española del Café (AECafé), en la misma línea, ve con buenos ojos disponer de un período de introducción «gradual» y concede tiempo a las empresas para su implementación.
Otros sectores, como el de la carne de vacuno y almacenistas de granos, también reconocen la necesidad de este aplazamiento, no solo por las dudas sin resolver, sino también por la prevención de una posible paralización del mercado europeo.
Este nuevo marco legal, aunque muy novedoso y ambicioso, requiere de la finalización de trabajos pendientes por parte de la Comisión Europea, tales como la constitución de sistemas de información, documentos de orientación adicionales y evaluaciones de riesgo de los países. Estas son herramientas «fundamentales» para validar que los trabajos llevados a cabo por las empresas sean suficientes para cumplir con las nuevas exigencias.
La ley, originalmente prevista para entrar en vigor en enero de 2025, ha sido criticada desde la industria, partidos políticos y terceros países. Ahora, deberá ser aprobada en esta nueva prórroga por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Su objetivo es evitar que ciertos productos generen deforestación tanto en la UE como en terceros países, siendo los más afectados en el sector alimentario la carne fresca, el cacao, el café, y el aceite y harina de soja entre otros.
