La reciente modificación normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) trae consigo importantes cambios en la representación de las organizaciones profesionales agrarias en España. Esta nueva regulación, que se enmarca dentro de la Ley contra el desperdicio alimentario, pone fin al complicado sistema de elecciones al campo y establece un nuevo mecanismo que podría estar operativo en tres meses.
El nuevo sistema de representatividad
El nuevo procedimiento de determinación de la representatividad exige que las organizaciones profesionales agrarias (opas) cumplan con varios requisitos clave. Entre ellos, deben estar constituidas y reconocidas como opas de carácter general, tener ámbito estatal y contar con una implantación efectiva en al menos siete comunidades autónomas. Este cambio busca garantizar una representación más equitativa y accesible para todas las entidades del sector.
De acuerdo con la nueva norma, la **representatividad estatal** se validará a través de certificaciones emitidas por las comunidades autónomas, que reflejarán la situación de implantación real de cada organización. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación será el encargado de evaluar y certificar la representatividad de cada entidad, lo que podría transformar significativamente el panorama agrario en el país.
Adicionalmente, para que una organización pueda alcanzar la categoría de más representativa a nivel estatal, deberá contar con al menos un 10% de afiliados a nivel nacional dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios (SETA).
Vigencia y futuro de la nueva normativa
Una vez completada la tramitación, la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación emitirá resoluciones individuales que declaren qué organizaciones profesionales agrarias son consideradas más representativas, y estas tendrán una vigencia de cinco años desde su publicación.
De cara al futuro, el Gobierno tiene planes de implementar un sistema de acreditación de la representatividad que se fundamentará en criterios **objetivos y precisos**, estipulados mediante leyes. Este nuevo sistema se basará especialmente en las elecciones de personas inscritas en el RETA, vinculadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. De esta forma, se busca asegurar que las elecciones reflejen la realidad del sector agrario y no se basen en procedimientos que puedan resultar costosos o complicados de aplicar.
Los antecedentes de la ley y sus implicaciones
La necesidad de esta reforma se origina en que la anterior ley de representatividad (12/2014) presentaba un mecanismo de consulta pública nacional que se consideró “exhaustivo” pero generaba múltiples dificultades. Esto se tradujo en un costo económico elevado, así como en la complejidad de gestionar procesos electorales que variaban entre el ámbito estatal y el autonómico, lo que podía resultar en resultados desiguales. La nueva normativa, por tanto, establece un enfoque más simple y directo para evaluar la representatividad dentro del sector agrario.
Es relevante destacar que, hasta el momento, las organizaciones agrarias que forman parte del Consejo Agrario son **Asaja, COAG y UPA**, y han desempeñado funciones vitales en la representación institucional de los intereses del sector ante el Gobierno y otros organismos.
Además, el acuerdo de 43 medidas firmado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tras las **tractoradas** impulsadas por Unión de Uniones y UPA resalta la creciente presión de las organizaciones agrarias para obtener un mayor reconocimiento y apoyo en la toma de decisiones que afectan a sus actividades y sus vidas.
Desafíos y oportunidades para las organizaciones agrarias
La implementación de este nuevo sistema puede representar una oportunidad valiosa para que muchas organizaciones agrarias que anteriormente estaban marginadas puedan hacerse oír. Esto es crucial, sobre todo en un contexto donde el sector agrícola enfrenta retos significativos, como el cambio climático y la búsqueda de sostenibilidad.
A medida que el sector se enfrenta a estas problemáticas, es fundamental que las organizaciones tengan representación y voz en los procesos que determinan su futuro. Este nuevo sistema podría, en última instancia, fomentar una mayor colaboración entre las distintas partes interesadas en el sector agrario, lo que beneficiaría a toda la cadena de producción alimentaria.
La pregunta clave es: ¿están preparadas estas organizaciones para adaptarse a los nuevos estándares de representatividad y cumplir con los requisitos necesarios para tener un impacto real en el sector? Solo el tiempo y la capacidad de adaptación de cada entidad lo dirán. En un sector en constante evolución, la flexibilidad y la determinación serán esenciales para navegar por estos cambios y aprovechar las oportunidades que surjan.
