En un importante giro para el club comunitario de la Unión Europea, los negociadores del Parlamento Europeo y el Consejo han logrado un consenso político provisional sobre la creación de la primera estructura de certificación voluntaria a nivel de la UE para las eliminaciones de carbono. Esta acción es un esfuerzo consciente para estimular la absorción de este elemento y contribuir a alcanzar la neutralidad climática de la UE para 2050.
La finalidad principal de esta estructura es facilitar y promover la eliminación de carbono de alta calidad. Simultáneamente, esta medida tiene como objetivo combatir el «greenwashing», un fenómeno en el que se engañan o confunden al consumidor sobre las prácticas sostenibles de una empresa o los beneficios medioambientales de un producto o servicio.
Esta estrategia permitirá a los agricultores la posibilidad de recibir pagos por eliminar carbono una vez que las nuevas normas sean adoptadas oficialmente por el Consejo y la Eurocámara. El marco también establece unos requisitos mínimos de sostenibilidad para el contenido de carbono y exige un registro público de la UE para garantizar la transparencia.
El acuerdo también abarca varios tipos de eliminación de carbono, incluyendo el almacenamiento permanente a través de tecnologías industriales, hasta el almacenamiento en productos duraderos y cultivo de carbono. Además, se incluye la reducción de la liberación de metano procedente de la fermentación entérica (resultado de la digestión de las vacas) o el manejo del estiércol animal para su consideración en una revisión de la normativa en 2026.
La normativa regula la eliminación permanente de carbono que consiste en almacenar carbono atmosférico o biogénico por varios siglos y guardar carbono temporal en productos duraderos, como en construcciones de madera, durante al menos 35 años. Por otra parte, requiere que el almacenamiento temporal de carbono procedente del cultivo sea de cinco años, siempre que todas estas actividades den como resultado una mejora en el balance de carbono del suelo. Estas prácticas no deben provocar la adquisición de tierras para fines especulativos que dañen a las comunidades rurales.
Finalmente, el acuerdo provisional permite la asesoría a los agricultores por parte de los Estados miembros sobre el procedimiento de solicitud, buscando sinergias entre el sistema de identificación de parcelas agrícolas de la Política Agrícola Común (PAC) y la información generada por el proceso de certificación bajo el nuevo marco.