La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España considera un error la reducción de puntos de venta de tabaco que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que, según afirma, ha sido bien recibida por la Comisión Europea. En un comunicado, el sector subraya que comparte la necesidad de reforzar el control del tabaco y los productos relacionados, pero discrepa del enfoque de recortar la red comercial.
El colectivo sostiene que el modelo español ya opera con una red restringida por licencias y bajo controles administrativos estrictos, por lo que ve innecesario y contraproducente disminuir aún más los puntos autorizados.
Según los estanqueros, el sistema actual garantiza una distribución legal y trazable y cualquier reducción generalizada del canal regulado podría desplazar parte de la demanda hacia la venta ilegal, con especial riesgo en Internet.
Crítica al recorte de puntos
La Unión recalca que el esquema español de distribución se articula “precisamente” sobre concesiones limitadas y supervisión pública, lo que, a su juicio, permite controlar la oferta y verificar la trazabilidad de los productos. En ese contexto, recortar la red no contribuiría a mejorar el control, sino a debilitar el circuito que ahora está sujeto a reglas claras.
Para el sector, disminuir los estancos no ataja el consumo, sino que desordena la cadena de suministro y reduce la capacidad de control. Insiste en que la venta en estancos introduce barreras efectivas de acceso y facilita la fiscalización, frente a canales opacos.
La organización recuerda que los estancos son los únicos puntos autorizados para expender estos productos, lo que concentra la vigilancia en establecimientos sujetos a obligaciones específicas y sanciones en caso de incumplimiento.
Riesgo de mercado ilegal
La principal advertencia del gremio es el desplazamiento hacia el comercio clandestino si se limita la red legal. Cita como vulnerabilidad la venta a distancia: un recorte de los canales habilitados abriría espacio a plataformas irregulares y a distribuidores sin control, difícilmente fiscalizables.
La Unión asegura que la historia muestra que las prohibiciones amplias fomentan mercados paralelos y la criminalidad asociada. Por ello, reclama que cualquier cambio regulatorio refuerce la lucha contra el contrabando, en lugar de restar capilaridad al canal supervisado.
En su diagnóstico, el contrabando ya representa un desafío con la normativa vigente; una restricción adicional del canal legal, arguye, haría más atractiva la oferta ilícita y complicaría el control de la calidad, la fiscalidad y la edad de acceso.
La “generación sin tabaco”, bajo lupa
La Unión también cuestiona la idea de prohibir la venta a quienes nazcan a partir de una fecha determinada. Defiende que en España existen mecanismos que limitan la compra a adultos informados y solo en estancos, donde puede verificarse la edad y aplicar las obligaciones legales.
El gremio avisa de que una prohibición total por cohortes abriría una gran oportunidad para organizaciones criminales, que cubrirían la demanda con productos sin control sanitario ni fiscal. A su entender, el resultado sería un retroceso en trazabilidad y seguridad del consumidor.
La organización pide que cualquier reforma tenga en cuenta el funcionamiento del modelo español y su equilibrio entre control, trazabilidad y acceso restringido. Su propuesta es reforzar la aplicación de la normativa y el combate al comercio ilícito, en lugar de contraer la red legal, que considera la vía más eficaz para mantener el control del mercado.