La agricultura española está en su punto de inflexión. En el día de hoy, una notable protesta ha sido convocada por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos en la capital del país, Madrid. La manifestación tiene un trasfondo de reclamaciones bien definidas, centradas principalmente en la búsqueda de precios justos para los productos del campo, una revisión de la Política Agraria Común (PAC) y reivindicación de una reciprocidad en la dinámica comercial.
La protesta, conocida como tractorada, responde a un sentimiento general de cansancio en el sector. Según la Unión de Uniones, el campo está «exhausto» por las disminuciones de producción causadas por condiciones climáticas adversas como la sequía y el encarecimiento de los costes de producción. Frente a este panorama, el gremio no ha vacilado en clamar por la clarificación de la representatividad agraria, instando a las instituciones pertinentes a reconocer la inseparabilidad de la sostenibilidad ambiental de la económica y social.
La organización considera necesaria la publicación de los criterios para determinar los costes de producción por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Esta medida tendría como objetivo hacer que los precios estén por encima de los mencionados costes, en un esfuerzo por regular la cadena alimentaria en favor de los productores.
El llamado incluye una instación a renovar la ley de modernización de explotaciones agrarias y efectuar una revisión del plan estratégico de la PAC en España. Los agricultores profesionales deben ser preferidos, sin dejar de lado la aplicación de prácticas sostenibles y compensaciones por los sobrecostes derivados de la digitalización.
Por otro lado, la organización busca alcanzar un acuerdo de reciprocidad en las relaciones comerciales sobre el uso de fitosanitarios, condiciones ambientales y medidas para garantizar la seguridad alimentaria, a través de la aplicación de «cláusulas espejo» y el refuerzo de las inspecciones en las fronteras para prevenir plagas y enfermedades.
Finalmente, no se puede dejar de mencionar que las reclamaciones incluyen la implementación de un gasóleo profesional agrario con una fiscalidad mínima aplicada en el momento de la compra, así como un IVA reducido para los bienes y servicios utilizados en la producción agraria. Estas medidas se sumarían a la ampliación de las ayudas directas en casos de sequía y otras crisis, incluyendo sectores específicos como el olivar y el viñedo.
Todo esto apunta a una realidad ineludible: el campo y quienes trabajan en él, necesitan un entorno más equitativo y apoyo desde las instituciones para poder sustentar la invaluable labor que realizan; alimentar a España y al mundo.