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Protección reforzada para agricultores en revisión de ley de responsabilidad empresarial

Avances en la ley de responsabilidad corporativa a favor de los agricultores de la Unión Europea

La presidencia belga del Consejo de la Unión Europea (UE) continua tomando pequeños pasos para mejorar las condiciones de los agricultores de la Unión Europea. Un gesto significativo se ha presentado en su plan de acuerdo concerniente a la criticada ley sobre diligencia debida de las empresas de la UE.

La revisión del proyecto de acuerdo, fechado el 5 de marzo, enfatiza que al estar las empresas de un tercer país sujetas a esta directiva, se debería de proporcionar una protección adicional a los agricultores de la Unión contra la competencia desleal y contra prácticas dañinas. Además, dicha salvaguarda no solo cubriría las operaciones dentro de la Unión, sino también en actividades extraterritoriales.

Es importante resaltar que el enfoque de la directiva de diligencia debida sobre sostenibilidad corporativa (CSDDD), es responsabilizar a las empresas por los abusos relacionados con el trabajo y el medio ambiente a lo largo de toda su cadena de suministro.

Diversos actores han expresado su aprobación a esta medida, citando que el reconocimiento de los efectos extraterritoriales de la ley y sus beneficios potenciales para los agricultores de la UE han sido un paso muy relevante.

Las protestas de los agricultores, que son un síntoma del malestar contra la percepción de competencia desleal por parte de productores de alimentos de terceros países, han generado un estruendo que ha llegado hasta altas esferas del gobierno.

Para la Presidencia belga, la necesidad de obtener suficiente apoyo de los 27 Estados miembros del bloque es un reto constante. La cláusula agrícola proviene de las protestas de los agricultores y busca comunicarles que la citada directiva es una buena idea para el sector. Este movimiento va en consonancia con los llamamientos de los agricultores y los líderos de la UE para revisar el equilibrio del poder del mercado en la cadena de suministro, argumentando que los productores de alimentos son, en la mayoría de los casos, los actores económicamente más débiles.

El borrador aclara el reconocimiento de ‘ desequilibrios de poder en el sector agrícola‘, y sostiene que la directiva implicaría un beneficio para los agricultores con menor poder de negociación, ya que sería aplicada únicamente a la conducta empresarial de los operadores más grandes.

El constante objetivo de encontrar el texto de compromiso que permita obtener el voto cualificado sigue en proceso, con la esperanza de que pueda ser alcanzado para la sesión plenaria del Parlamento Europeo de abril. Dicha reunión es crucial, ya que será la última antes de las elecciones europeas de junio.

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