El sector agrícola en España ha despertado un clima de intensa movilización en este inicio de año, con protestas que han llevado las preocupaciones del campo a un contexto visible y mediático. Las organizaciones agrarias y plataformas independientes han tomado la decisión de unirse para manifestar su descontento con varias políticas que consideran perjudiciales. Los agricultores han hecho sentir sus voces en las calles, evidenciando la necesidad de cambiar ciertas dinámicas en la agricultura europea.
Las movilizaciones en el campo
Este lunes, Madrid fue el escenario de una concentración en la que más de mil productores se reunieron para expresar su oposición al acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Mercosur. Esta situación ha puesto en relieve la urgencia de establecer políticas agrícolas más justas y flexibles. La reivindicación de una Política Agrícola Común (PAC) con menos burocracia ha impulsado, desde el principio de 2024, una serie de manifestaciones y tractoradas a lo largo del país, reviviendo un ambiente de protesta no visto en años.
El movimiento de protesta el año pasado comenzó en Alemania y rápidamente se extendió a países vecinos como Francia, donde las acciones suelen ser más fuertes y visibles. No obstante, el eco de estas movilizaciones tardó un poco más en llegar a España, donde a principios de febrero se organizó la plataforma «6F» a través de redes sociales y mensajes de «whatsapp». Los agricultores españoles se unieron en diferentes acciones que afectaron tanto a vías principales como secundarias, logrando atraer la atención del público y de los medios.
Un cambio en la representatividad agraria
Una de las organizaciones que ha tomado un papel relevante en este contexto ha sido Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que el 21 de febrero convocó una manifestación en Madrid, la cual convocó a cerca de 500 tractores y miles de agricultores. Esta participación ha rebosado el ámbito de Asaja, COAG y UPA, quienes decidieron tiempo después organizar su propio calendario de tractoradas, reafirmando su presencia en el debate político y social.
Las demandas de los manifestantes se han centrado en la flexibilización de la PAC, la renegociación de las cláusulas en los intercambios comerciales y una revisión de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, entre otros aspectos. Si bien la manifestación de Unión de Uniones fue un hito, no tardó en suceder una segunda convocatoria organizada por Asaja, COAG y UPA, que recorrió las calles principales de la capital, creando una imagen de unidad en el campo.
La respuesta de las administraciones
Ante el clamor del campo en las calles, las administraciones no tardaron en responder. El 15 de febrero, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presentó un bloque de 18 medidas que fueron vistas como un primer paso hacia la solución, aunque muchos productores consideran que resultaban insuficientes. Esta situación llevó a que el 25 de marzo se presentara un paquete ampliado de 43 medidas, sin embargo, la división entre las organizaciones se hizo evidente cuando Asaja y COAG rechazaron estas propuestas.
Este giro marcó, de facto, una ruptura en la unidad de acción entre las tres grandes organizaciones agrarias, mientras que la firma de Unión de Uniones con el ministro significó un posible cambio de paradigma en la representatividad del sector agrario. Las medidas presentadas desde la UE, que incluyen la derogación de ciertas obligaciones en la PAC y una revisión de las exigencias medioambientales, han sido aprobadas, aunque muchos de los agricultores sienten que aún queda un largo camino por recorrer.
Un futuro incierto para el sector agrícola
Con la llegada de la primavera, las manifestaciones han disminuido, pero la preocupación persiste. La finalización de las negociaciones del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la UE ha suscitado recelos entre los agricultores y ganaderos, abriendo un nuevo campo de incertidumbre. Mientras se espera que las autoridades sigan respondiendo a las inquietudes del sector, es vital que tanto los productores como los responsables de la política agraria continúen en un diálogo constructivo.
La situación de los agricultores en Europa es un reflejo de tensiones más amplias que afectan no solo a las economías locales, sino también al futuro de la producción agrícola sostenible. La vigilancia y acción constante por parte de los involucrados en el sector serán fundamentales para determinar las políticas que se implementen en los próximos meses. Las lecciones aprendidas de estas protestas están en el centro del debate sobre cómo se debería estructurar el futuro de la agricultura en el continente.