Unas columnas de tractores tomaron este viernes el centro de Burgos para protestar contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Según la Subdelegación del Gobierno, fueron alrededor de 250 tractores y 600 participantes; las organizaciones convocantes elevaron el balance a casi 500 tractores y un millar de asistentes. La movilización, respaldada por el aplauso de vecinos a lo largo del recorrido, fue calificada de «histórica» por las organizaciones agrarias.
El objetivo fue enviar un mensaje nítido a las instituciones europeas y españolas: rechazo frontal al pacto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay por su impacto en la competencia, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. «Este acuerdo solo traerá miseria al campo», resumió Esteban Martínez, presidente de Asaja Burgos, quien advirtió de la entrada en el mercado europeo de «carne de mala calidad y sin garantías».
Rechazo al acuerdo UE-Mercosur
Las organizaciones convocantes sostienen que la apertura comercial con Mercosur colocaría a las explotaciones europeas en desventaja frente a importaciones que, denuncian, no están sujetas a las mismas exigencias ambientales, laborales y de trazabilidad. Para el sector, la competencia resultante presionaría a la baja los precios en origen y erosionaría la rentabilidad de las explotaciones de secano y regadío.
Martínez reclamó a los partidos que gobiernan en España y en la UE que «rompan definitivamente» el acuerdo con Mercosur, en lugar de posponer su tramitación. También cuestionó la coherencia del discurso comunitario sobre sostenibilidad y consumo de productos de cercanía si, a la vez, se favorece la entrada de alimentos de países terceros con estándares distintos.
El malestar se extiende a la percepción de riesgo para el consumidor. Los convocantes alertaron de que, si no se garantizan controles equivalentes, la importación masiva de carne y otros alimentos puede deteriorar la confianza en la cadena de suministro europea y desplazar producciones locales con mayores costes regulatorios.
Choque por la PAC y costes
La protesta incorporó además un mensaje de fondo sobre política agraria. El sector exige blindar el apoyo comunitario en un contexto de costes al alza. Las organizaciones alertan de recortes en la futura Política Agraria Común (PAC) que, si se materializan, podrían rondar el 20%. “El campo siempre paga las consecuencias”, lamentó Asaja Burgos, aludiendo a otras prioridades presupuestarias como el gasto en Defensa.
La escalada de inputs preocupa especialmente. Los agricultores rechazan la propuesta de imponer aranceles a los fertilizantes procedentes de Rusia, por el efecto que tendría en el coste de abonado. A juicio de los convocantes, sería “la puntilla” para explotaciones ya tensionadas por la energía, la maquinaria y los servicios auxiliares.
El debate sobre la PAC se enmarca en la negociación del marco financiero plurianual de la UE, del que dependen pagos directos y medidas de desarrollo rural. Las organizaciones piden certidumbre regulatoria, menos cargas burocráticas y criterios de condicionalidad que no penalicen el rendimiento sin compensación suficiente.
Unidad del sector y próximas protestas
La marcha fue convocada de forma conjunta por UPA, COAG, UCCL, Asaja Burgos y AGU, que exhibieron unidad en las reivindicaciones: frenar el acuerdo con Mercosur, garantizar una PAC con dotación estable, reforzar los controles en frontera y asegurar la aplicación efectiva de la normativa nacional.
Los responsables agrarios llamaron a mantener el pulso en la calle y pidieron respaldo social para las siguientes movilizaciones, con una nueva jornada de protesta el 29 de enero. El objetivo, subrayaron, es «defender el futuro del campo y de las próximas generaciones» ante decisiones que condicionarán las campañas de los próximos años.
Junto al capítulo comercial y presupuestario, los convocantes pusieron el foco en dos frentes que consideran urgentes: la crisis sanitaria ganadera y el cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. Reclamaron más medios para atajar los brotes que afectan a la cabaña y exigieron que la normativa se aplique “de forma íntegra” para que los eslabones productores no vendan por debajo de costes.
Entrega del manifiesto
Al término del recorrido, las cinco organizaciones trasladaron su manifiesto al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y al subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente. Les solicitaron que hagan llegar las demandas al Ejecutivo autonómico y al Gobierno central, con el propósito de que figuren en la posición española ante Bruselas.
El texto entregado sintetiza las prioridades del campo burgalés: frenar el acuerdo UE-Mercosur, proteger la renta agraria con una PAC suficiente, evitar nuevas cargas que encarezcan los insumos, reforzar la trazabilidad y los controles a las importaciones y asegurar que la cadena alimentaria remunere los costes efectivos de producción.
Para las organizaciones, la respuesta ciudadana y la masiva presencia de maquinaria agrícola en la capital provincial confirman la amplitud del malestar. La movilización, sostienen, es un aviso de que el sector primario no aceptará un marco comercial y regulatorio que, a su juicio, compromete la viabilidad de miles de explotaciones en Castilla y León y en el conjunto de España.