La vicesecretaria general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Montse Cortiñas, ha dejado claro la urgencia que siente por la necesaria tramitación de la Ley de la Agricultura Familiar. Este reclamo fue dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, en una reciente reunión que tuvo lugar en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).
Importancia de la Política Agraria Común
Durante el encuentro, Planas también enfatizó la relevancia de contar con un presupuesto adecuado y específico para la Política Agraria Común (PAC). Según su argumento, este aspecto es crucial no solo para asegurar la seguridad alimentaria de aproximadamente 450 millones de europeos, sino también para mantener la competitividad del sector agroalimentario en mercados internacionales.
Cortiñas, tras la reunión, definió el encuentro como "fructífero", aunque reiteró que la Ley de la Agricultura Familiar debe ser una prioridad en la agenda del ministerio. Este punto marcó el eje central de las discusiones: “Le hemos trasladado al ministro con toda la contundencia que necesitamos avanzar (…) hay que empezar a preparar un texto para iniciar el debate”, explicó ante los medios.
Compromisos previos del ministerio
En febrero, durante el congreso federal de UPA, Planas hizo un compromiso con la organización agraria para avanzar en el anteproyecto de ley. Sin embargo, varios meses después, las presiones para que se concretara ese compromiso han aumentado. Cortiñas recordó que el MAPA había lanzado una consulta pública sobre el anteproyecto, pero la necesidad de avanzar rápidamente es apremiante.
Además, Cortiñas subrayó que el ministro ha planteado su intención de que la negociación sobre la ley "vaya de forma paralela" a los proyectos de la nueva PAC, lo que ha despertado el rechazo de la organización. "Nosotros le hemos insistido en que creemos que es una ley que tiene que salir ya", afirmó contundentemente la vicesecretaria.
Demandas adicionales y desafíos en el sector
En el marco de la reunión, también se abordaron otras problemáticas que afectan el sector. Uno de los temas discutidos fue la demanda de UPA para convertir la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en una agencia estatal. Este punto se encuentra entre las 43 medidas acordadas con el MAPA, tras las movilizaciones y tractoradas que tuvieron lugar en 2024. Cortiñas mencionó que el ministro reconoció la "dificultad parlamentaria" que supone implementar tal cambio.
Asimismo, la situación de los mercados de cereales y vitivinícola fue también tema de conversación. En el área de cereales, la organización expresó inquietudes sobre una campaña de cosecha "récord", acompañada de problemas de precios que impactan directamente en los productores. Este dilema resalta la complejidad del panorama agrícola actual y la necesidad de soluciones integrales que apoyen a los agricultores.
Perspectivas futuras para la agricultura familiar
Mirando al futuro, es fundamental que la comunidad agrícola y las instituciones trabajen de la mano para abordar los desafíos que enfrenta el sector. La falta de una regulación clara y específica para la agricultura familiar podría complicar aún más la situación. En este sentido, la presión ejercida por organizaciones como UPA es vital para que se materialicen los compromisos previamente establecidos.
Es evidente que la creación de la Ley de la Agricultura Familiar no solo es un objetivo demandado por los agricultores, sino también una necesidad estratégica para garantizar la sostenibilidad del sector. La importancia de trabajar en políticas que rescaten y protejan la agricultura familiar nunca ha sido tan palpable.
La discusión no termina aquí; los agricultores esperan concreta acción por parte de las autoridades. Así que, ¿será este el momento en que se dé el paso definitivo hacia una regulación que beneficie a miles de familias en el campo? La respuesta no solo depende de las promesas, sino de la voluntad para avanzar en un camino que es, sin duda, vital para el futuro de la agricultura.
