Varios miles de clínicas veterinarias, organizadas bajo la plataforma VetsUnidos, han llevado a cabo un cierre simbólico de sus locales para denunciar la actual normativa sanitaria relacionada con la prescripción y el uso de medicamentos en mascotas. Esta acción, que ha tenido un notable respaldo por parte de colegios veterinarios de todo el país y de propietarios de mascotas, apunta a la urgente necesidad de cambios en el real decreto 666/2023, que ha generado tensiones en la comunidad veterinaria.
La carga de trabajo y sus consecuencias
El real decreto que regula la distribución y uso de medicamentos veterinarios ha obligado a los veterinarios a registrar toda prescripción de antibióticos para mascotas a través del sistema PresVet desde enero pasado. Para muchos profesionales, esta obligación ha sido considerada como «la gota que ha colmado el vaso», argumentando que la carga burocrática que supone compromete no solo la salud animal, sino también la sostenibilidad de su profesión. La portavoz de VetsUnidos, Ana García, ha señalado que están dispuestos a escalar la protesta si sus demandas no son atendidas por el Gobierno.
Además de la eliminación de PresVet, los veterinarios han solicitado poder dispensar tratamientos completos a los pacientes mediante el fraccionamiento de envases clínicos, lo que les permitiría reducir costes y minimizar la generación de residuos. En este contexto, destacan que a la hora de prescribir, es crucial priorizar el criterio clínico y la evidencia científica por encima de fichas técnicas que consideran «desactualizadas».
Exigencias y próximas acciones
Entre las demandas planteadas también se encuentran la revisión de sanciones consideradas «desproporcionadas» que afectan el ejercicio profesional de los veterinarios y la necesidad de reducir el IVA de los servicios veterinarios para igualarlo al resto de los profesionales sanitarios. En este sentido, García ha afirmado que «si el Ministerio (de Agricultura, Pesca y Alimentación) no nos escucha, por supuesto que nos manifestaremos ante su sede».
Patricia Martínez, una veterinaria de Getxo (Vizcaya), participó en el cierre de su clínica, colocando carteles informativos sobre las reivindicaciones. Resaltó que, como veterinarios, son los «primeros» interesados en combatir amenazas sanitarias, como la resistencia a los antimicrobianos. Sin embargo, sostiene que la normativa actual obstaculiza estos esfuerzos.
El impacto del real decreto en la profesión
Los veterinarios están inquietos porque la actual legislación no solo está diseñada para garantizar la salud animal, sino que la carga administrativa que ha traído consigo puede estar afectando la calidad de atención que reciben las mascotas. Por ejemplo, lamentan que la regulación permita que se basen en fichas técnicas no actualizadas, aunque la evidencia científica sugiera lo contrario. «Es una locura y no podemos trabajar así porque se pone en duda nuestro juicio clínico», denuncia Martínez.
Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación han respondido a estas preocupaciones explicando que los veterinarios de mascotas han tenido más de un año y medio para adaptarse a las nuevas exigencias. Reiteran que el sistema PresVet no crea restricciones en las prescripciones y que las clínicas veterinarias ya utilizan este tipo de registros en sus sistemas.
Reacciones y un camino hacia el cambio
El MAPA ha señalado que las sanciones están fundamentadas en la Ley de Sanidad Animal y, ante el descontento, se encuentra en proceso una modificación en esta ley que también se asocia con la regulación de los desperdicios alimentarios. Esta modificación, según el departamento, busca ajustar la gravedad de las sanciones en función de la recurrencia de las faltas.
Por el momento, la respuesta de la comunidad veterinaria a la protesta ha sido positiva, y muchos ven en la presión social y en la recogida de firmas en Change.org una oportunidad para que se escuchen sus voces y se consideren sus demandas. Este movimiento no solo se trata de una lucha por la mejora en la regulación, sino que se enmarca también en una preocupación más amplia por la salud animal y el bienestar de las mascotas en España.