A veces lo que parece una simple herramienta del campo acaba sosteniendo buena parte de los números de una campaña. Y eso es justo lo que ha vuelto a poner sobre la mesa un estudio sobre el glifosato: si este herbicida desapareciera de Illinois, los agricultores de maíz y soja notarían el golpe en el bolsillo mucho antes de lo que parece.
La investigación, firmada por representantes de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y la Illinois Soybean Association, ha calculado un escenario hipotético de prohibición en ese estado estadounidense usando datos de superficie sembrada de 2023 y cifras de rendimiento y precios de 2024. El resultado es poco amable: el campo perdería entre 300 y 609 millones de dólares al año, con una merma de ingresos de entre el 1,8% y el 3,6% si los productores tuvieran que cambiar a otras fórmulas para controlar las malas hierbas.
El herbicida que no era tan fácil de sustituir
El trabajo no se queda en una cifra grande y ya está. Va un paso más allá y compara qué pasaría si los agricultores intentaran mantener los rendimientos actuales usando otros sistemas de manejo de malas hierbas: glufosinato, dicamba, 2,4-D colina, inhibidores ACCase —una familia de herbicidas que incluye a clethodim— y también controles mecánicos.
Y ahí llega el detalle incómodo: no hay sustituto barato que entre con la misma naturalidad que el glifosato. En maíz, el coste de manejo de malas hierbas subiría entre 26,4 y 45,3 dólares por hectárea, lo que en todo Illinois supondría entre 119,5 y 205,3 millones de dólares. En soja, el incremento iría de 28,4 a 58,1 dólares por hectárea, para un impacto total de 119,0 a 243,2 millones.
Si uno baja al terreno de cada sistema, el panorama se complica todavía más. Los maiceros que optaran por dicamba o por un esquema con 2,4-D pagarían entre 7,4 y 12,4 dólares más por hectárea, con un coste agregado de 33,6 a 56 millones en el estado. Pero si la elección fuera un sistema basado en inhibidores ACCase como los de Corteva, el salto sería mayor: entre 29,70 y 47 dólares adicionales por hectárea, o entre 134,4 y 212,8 millones en total.
La factura sube, y no poco
En soja, la cuenta también aprieta. Un sistema basado en clethodim elevaría el gasto entre 14,8 y 39,5 dólares por hectárea, con un coste para Illinois de entre 62,1 y 165,6 millones. Si la alternativa fuese glufosinato, el desembolso se dispararía todavía más: entre 42 y 76,6 dólares por hectárea, para un total de 176,0 a 320,9 millones.
Lo que más llama la atención es que el debate ya no gira solo en torno a la eficacia de un producto, sino a la logística completa de cambiar de modelo. Cada sustitución tiene su precio, su encaje agronómico y sus límites, y eso afecta tanto a los rendimientos como a los márgenes de explotación. No hablamos de una discusión teórica: hablamos de cuentas, de hectáreas y de decisiones que pesan al final de la campaña.
El estudio dibuja así una realidad bastante clara: el coste de decir adiós al glifosato no sería simbólico, sino estructural. Y cuando un insumo toca de esa manera los márgenes, el debate deja de ser solo científico o regulatorio para convertirse también en una cuestión de supervivencia económica para miles de explotaciones.
La batalla regulatoria no afloja
Todo esto llega en medio de una presión creciente sobre el herbicida. A finales de junio, Bayer consiguió una victoria importante en el Tribunal Supremo en un caso relacionado con Roundup, lo que rebajó parte del riesgo judicial y reforzó la autoridad reguladora federal. Una semana después, la compañía agrupó sus operaciones de glifosato bajo Ruveon LLC, aunque dejó claro que sigue comprometida con ese mercado.
Pero el tablero se mueve por varios lados a la vez. El proyecto de ley agrícola aprobado por la Cámara retiró un texto que habría protegido a los productores de glifosato de la responsabilidad estatal mediante normas uniformes de etiquetado de pesticidas. En paralelo, en Reino Unido se han intensificado las peticiones para restringir el uso del glifosato como desecante previo a la cosecha, justo cuando el Gobierno debe revisar su aprobación este año.
Mientras tanto, la industria no se ha quedado quieta. Sigue invirtiendo en alternativas al herbicida, desde grandes proveedores agrarios hasta pequeñas empresas biotecnológicas, empujada por la resistencia que van mostrando algunas malas hierbas. Y hace apenas unos meses, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos volvió a autorizar el dicamba, lo que permite a Bayer lanzar su herbicida para la campaña de 2026. El mensaje de fondo es bastante nítido: el glifosato sigue siendo central, pero su futuro ya no se discute en voz baja.
Habrá que ver cuánto tarda en traducirse toda esta tensión regulatoria en cambios reales sobre el terreno, y a qué precio. La pregunta, al final, no es si el sector seguirá buscando sustitutos, sino cuándo dejará de depender tanto de uno solo. Y ahí estaremos atentos.