A veces lo más interesante no es inventar algo nuevo, sino poner orden en un mercado que llevaba demasiado tiempo pidiendo una regla del juego. Y eso es justo lo que ha hecho la Comisión Europea: ha aprobado tres metodologías de certificación para la agricultura de carbono dentro de su reglamento CRCF, el marco que aspira a poner negro sobre blanco cómo se certifican las absorciones y reducciones de emisiones en actividades agrícolas y de gestión del suelo.
La jugada importa porque, a partir de ahora, la UE estrena su primer marco técnico común para certificar este tipo de proyectos en todo el territorio comunitario. No es un detalle menor: hablamos de dar una base homogénea a quienes trabajan el suelo, gestionan masas forestales o buscan monetizar prácticas climáticamente positivas. Vamos, que la Comisión ha movido ficha justo donde más se echaba de menos un lenguaje común.
Las nuevas metodologías cubren tres grandes bloques: la agricultura y la agroforestería sobre suelos minerales; el rehumedecimiento y restauración de turberas y otros suelos orgánicos; y la forestación. Dicho de otro modo, la UE intenta abarcar desde parcelas de cultivo hasta zonas de alto valor ambiental que, bien gestionadas, pueden capturar carbono o evitar emisiones. Y ojo, porque aquí no se trata solo de clima: también de ingresos.
La UE pone una regla común donde antes había demasiada niebla
La Comisión defiende que estas metodologías ofrecen un enfoque “coherente, creíble y transparente” para certificar la agricultura de carbono en todos los Estados miembros. Traducido al terreno práctico: menos caos regulatorio, menos interpretaciones distintas y más facilidad para que agricultores, silvicultores y gestores de tierras entren en este mercado sin jugar a adivinar qué cuenta y qué no.
El reglamento CRCF ya había entrado en vigor en diciembre de 2024 y había creado el primer marco voluntario de la UE para certificar eliminaciones de carbono, agricultura de carbono y almacenamiento de carbono en productos. Lo que se aprueba ahora es la pieza técnica que le da cuerpo al invento. Sin esa pieza, el sistema corría el riesgo de quedarse en una idea bonita; con ella, al menos ya hay estructura para empezar a construir.
Desde el sector, la reacción ha sido bastante positiva. La International Soil Carbon Industry Alliance, conocida como ISCIA, ha celebrado la armonización porque, según su presidente, Paul Martin, fija unos mínimos de calidad —especialmente para cuantificar el carbono orgánico del suelo, o SOC, por sus siglas en inglés— y crea un terreno de juego más parejo para los proyectos que quieran entrar en el sistema. Y eso, en un mercado naciente, pesa mucho.
El problema no está solo en certificar. Está en vender
Ahora bien, que haya reglas no significa que haya compradores. Esa es la parte menos vistosa, pero probablemente la más importante. Martin insiste en que el verdadero cuello de botella está en la demanda, no en la oferta. Y tiene lógica: si los proyectos consiguen certificarse pero no encuentran quien adquiera esos créditos, el castillo se queda sin puerta de salida.
La Comisión ha planteado un CRCF Buyers Club, una especie de club de compradores para impulsar el mercado, pero desde ISCIA creen que no bastará para absorber el volumen de unidades de agricultura de carbono que podría llegar en los próximos años. La organización quiere que la demanda sea más amplia y que llegue tanto desde dentro de las cadenas de valor, con iniciativas de Scope 3 e insetting, como desde fuera, en forma de offsetting.
Detrás de esas siglas hay una idea sencilla: alguien tiene que pagar la transición si quiere beneficiarse de ella. Según Martin, haría falta apoyar los costes de la agricultura regenerativa con al menos 100 euros por hectárea y año hasta que exista un mercado regulado de verdad. En otras palabras, no basta con aplaudir las buenas prácticas; hay que poner dinero encima de la mesa.
ISCIA trabaja con DG CLIMA, la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, en un “CRCF Units Allocation Playbook” que pretende aclarar cómo deben entrar estas unidades en manos de empresas, cadenas de suministro y compradores de compensaciones. La idea es evitar dobles conteos y mejorar la transparencia en el cálculo del carbono. Suena técnico, sí, pero en este negocio la confianza vale casi tanto como el carbono.
El adjetivo “temporal” que puede enfriar el mercado
Hay otro frente que no gusta tanto al sector: la forma en que la política climática europea clasifica estas eliminaciones. Hoy por hoy, los créditos de agricultura de carbono se consideran “temporales” y no permanentes. Y ese matiz, que parece burocrático, cambia bastante la película para quien compra.
Martin advierte de que esa etiqueta se convierte en una barrera seria para los compradores que buscan criterios de Core Carbon Principles. La lógica es fácil de entender: si un crédito no se percibe como duradero, pierde atractivo, y con él pierde valor de mercado. Así de frágil puede ser un sector cuando todavía está dando sus primeros pasos.
Para intentar resolverlo, ISCIA explora fórmulas alternativas de permanencia, entre ellas mecanismos basados en seguros y la creación de un Permanence Trust, un fondo o estructura que asumiría el riesgo de reversión en lugar de cargarlo sobre compradores y desarrolladores de proyectos. Es una idea con recorrido, pero aún está por ver si cuaja en la práctica.
Mientras tanto, la conversación ya no gira solo alrededor de cuánto carbono se puede capturar, sino de quién asume el riesgo si ese carbono vuelve a la atmósfera. Y ahí el debate se vuelve bastante más serio de lo que parece desde fuera.
El horizonte está en Bruselas, pero el reloj corre
ISCIA también mira hacia el futuro del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE, el ETS, por sus siglas en inglés. En el sector hay expectativa por si una futura revisión de ese mercado regulado acaba abriendo la puerta a que la agricultura de carbono juegue un papel mayor en el cumplimiento de objetivos y, de paso, desbloquee financiación para proyectos de reducción de emisiones en el campo.
Eso sí, nadie se engaña: cualquier cambio de ese calibre tardaría años en llegar. Por eso Martin insiste en que les gustaría ver demanda regulatoria antes, mucho antes si puede ser. La organización quiere que el empuje no dependa solo de una hipotética reforma futura, sino de mecanismos que activen ya el mercado.
Entre las ideas que están sobre la mesa figura ligar el acceso a créditos de carbono del Artículo 6 o a allowances de la Market Stability Reserve a la retirada de unidades certificadas por CRCF. Son fórmulas todavía en discusión, pero dejan claro el rumbo: conectar la agricultura de carbono con instrumentos regulatorios más potentes para que deje de ser una promesa y empiece a ser una palanca real.
La Comisión ya ha puesto las reglas. Ahora falta lo más difícil: que aparezcan compradores suficientes para que el mercado no se quede en una vitrina bien montada pero vacía. Habrá que ver cuándo aterriza de verdad y con qué precio; nosotros, desde luego, seguiremos atentos.