El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha hecho público este miércoles la convocatoria del programa Perte Mar-Industria, un conjunto de ayudas orientadas al fortalecimiento industrial de los productos derivados de la pesca y la acuicultura con un presupuesto inicial de 20 millones de euros, si bien, este podría duplicarse hasta los 40 millones.
El anuncio del BOE da a conocer el extracto de la orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que convoca, para el periodo 2024, las ayudas destinadas a la pesca como parte de su proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica de la industria agroalimentaria.
El proyecto está financiado con fondos del programa «Next Generation», parte del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las ayudas se dirigen a las sociedades mercantiles individuales con personalidad jurídica propia, de cualquier tamaño que desarrolle una actividad industrial de transformación del sector de los productos de la pesca y la acuicultura.
Según el BOE, los interesados podrán presentar sus solicitudes en el modelo alojado en la Sede Electrónica asociada del MAPA, en un plazo máximo de treinta días a partir de mañana.
La convocatoria permite al sector transformador de la pesca y la acuicultura solicitar financiación para proyectos que supongan una inversión superior a 1,5 millones de euros y cuya culminación se encuentre dentro del plazo límite del 30 de junio de 2026.
Esta convocatoria ha sido valorada positivamente por Anfaco-Cecopesca, organización que agrupa a 250 empresas del sector mar-industria alimentaria con una facturación anual de más de 11.600 millones de euros.
La organización ha manifestado su confianza en que las empresas transformadoras aprobechen estos recursos y han instado a maximizar la participación de estas en el programa, con la intención de agotar los fondos disponibles y movilizar hasta 100 millones de euros de inversión.
El secretario general de Anfaco Cecopesca, ha calificado esta convocatoria como «un paso crucial para corregir una serie de discriminaciones históricas en la normativa europea» y ha mostrado su esperanza en que sea necesario aumentar el presupuesto de la convocatoria hasta los 40 millones de euros.