En un riguroso ejercicio de control y regulación sectorial, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha impuesto sanciones a varios agentes de la cadena agroalimentaria que ascienden a la desorbitada cifra de 836.247,73 euros en 2024. Esta cifra supone un desmesurado incremento del 122% en comparación con las sanciones impuestas en el año anterior.
En términos de distribución, las multas totalizaron 128.424,6 euros en el primer trimestre del año, seguidas de 115.478,9 euros en el segundo, 296.674,86 en el tercer trimestre y finalizando con 295.669,37 euros en el último trimestre del año. Este desglose es resultado de las recientes publicaciones de sanciones firmes tanto en vía administrativa como judicial y se adhiere estríctamente a la Ley de cadena alimentaria vigente.
Un total de 34 multas fueron emitidas por la AICA en el último trimestre de 2024, y en su mayoría, hasta 19 de ellas, fueron impuestas por incumplimientos en los plazos de pago. De manera especial, cabe mentionar la compañía Fertofrans SL, que abarca el grueso de las sanciones con dos multas que suman en total 155.001 euros. 132.000 euros fueron dispuestos por la destrucción de valor en la cadena y se suma a esto una cifra adicional de 23.001 euros por la falta de formalización escrita en los contratos.
Por su parte, se registraron dos multas significativas durante el último trimestre del año: Una hacia la compañía Agribur SL, que recibió una multa de 19.800 euros por no respetar los plazos de pago establecidos y otra de 18.001 euros abonada a Cantavilanos SL, por su resistencia, obstrucción, excusa o negación a las actuaciones promovidas por la administración.
Este riguroso control ejercido por la AICA refuerza la importancia de cumplir con las normativas establecidas en la cadena alimentaria y poner especial énfasis en la ejecución de los contratos de manera formal por escrito.