El contexto agrícola en España vive momentos de tensión. Los agricultores y ganaderos, en días de protestas consecutivas, han dejado muy claro que el acuerdo con el Gobierno adoptado recientemente no ha sido suficiente para aplacar su malestar. Las manifestaciones se han extendido por diferentes puntos del país, tales como Alicante y Santander.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, había presentado un plan hecho en conjunto con organizaciones profesionales agrarias, tales como Asaja, COAG y UPA. Se trata de un compendio de 18 puntos, con un fuerte enfoque en actuar en diversos aspectos agrícolas como las regulaciones de la cadena alimentaria, la simplificación de la Política Agrícola Común (PAC), asuntos comerciales, seguros agrarios y otros temas relevantes, como incentivar a los jóvenes a incorporarse al sector.
Este plan fue considerado por los agricultores como un avance, pero fue insuficiente para detener las protestas. En palabras del ministro Planas, este plan debería representar un paso adelante para resolver los problemas del sector.
Los manifestantes, que cuentan con el apoyo de las tres organizaciones antes mencionadas, han organizado protestas agrarias, conocidas como tractoradas, en distintos puntos de España como Santander y Alicante.
Uno de los principales focos de las protestas proviene de las consecuencias del Pacto Verde, y la forma en que las políticas contra el cambio climático están impactando la actividad en el campo. Los agricultores ven estas medidas como una amenaza para su manera de trabajar, lo que agrega más malestar a la situación ya convulsa que se vive en el sector agrícola.
Diversas asociaciones ecologistas han solicitado una reunión con la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para debatir estos temas. Ellos sostienen que es necesario recordar que «sin ecosistemas sanos no hay agricultura».
Las protestas de los agricultores en España se corresponden con un fenómeno de movilizaciones de este tipo que se han registrado en otros países europeos. Estas acciones han llevado a las fuerzas de seguridad a detener a 43 personas y tramitar a 3.189 denuncias, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.