En un giro inesperado en la política francesa, los agricultores se encuentran sumidos en la incertidumbre tras la decisión del presidente Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional. Esta acción ha paralizado la progresión de una nueva ley para el sector agrario, provocando amenazas de nuevas protestas por parte de los cultivadores.
La disolución se da en medio de una preocupación por los pagos atrasados relacionados con la Política Agraria Común (PAC), que recompensa las buenas prácticas medioambientales. Las cuantías debían abonarse a principios de 2024, pero todavía están pendientes. Los agricultores habían solicitado que estos subsidios se entregaran oportuno, y ahora, una cuarta parte de los agricultores que practican sistemas de agricultura de bajo impacto siguen sin haber recibido los pagos.
Los agricultores están también ansiosos por el futuro de la ley de política agrícola que estaba siendo discutida en la Asamblea Nacional. La ley, que convertiría la soberanía alimentaria en una prioridad de política pública y declararía la agricultura como un «área de interés importante» para Francia, ya ha sido aprobada en la cámara baja pero todavía necesita recibir el visto bueno del Senado.
Se ha dejado claro que la agricultura estará fuertemente ligada al resultado de las próximas elecciones. Dependiendo del grupo que alcance la mayoría relativa en la Asamblea Nacional, el enfoque hacia la agricultura podría variar considerablemente. La Agrupación Nacional de ultraderecha, por ejemplo, ha manifestado su intención de establecer una «excepción agrícola francesa» en el comercio internacional.
Independientemente de los resultados electorales, los sindicatos agrícolas han prometido trabajar para conseguir un trato justo para el sector, al tiempo que advierten al gobierno contra el sacrificio de las cuestiones agrícolas a causa de la agitación política. Es posible que el futuro del campo francés dependa en gran medida de los resultados de estas elecciones.
