La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha elevado notablemente su nivel de actividad sancionadora, al imponer 382 multas durante el 2023, lo que refleja un aumento del 40,4% con respecto a las cifras previas. Este incremento se ha dado a conocer durante la última reunión de su Consejo Asesor, junto con la noticia de que la AICA será ascendida a agencia estatal, un cambio que Luis Planas, ministro encargado del tema, ha afirmado que permitirá un reforzamiento significativo de su capacidad inspectora.
Esta entidad, cuya función es mantener en control la cadena alimentaria, es dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La última reunión de esta organización contó con la presencia del ministro Planas, quien informó que esta transformación de la AICA requiere la aprobación de una norma con rango de ley. Dicha norma podría surgir de dos vías, una de ellas sería mediante la creación de una ley específica o bien, a través de la inclusión de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario.
El conjunto de sanciones aplicadas por la AICA en 2023 representan una serie de infracciones dentro de la cadena alimentaria. Del total de 382 multas impuestas, un 48% corresponden a deberes incumplidos relativos a los plazos de pago, siendo el eslabón mayorista el más afectado. Así mismo, durante ese año, la agencia investigó un total de 32 denuncias, un 39,1% más que en el año 2022, mientras que las comunidades autónomas sumaron otras 18 investigaciones. Los sectores con más multas fueron los de frutas y hortalizas, seguido del sector vitivinícola y el de aceite de oliva.
Además, se ha llevado a cabo la vigilancia de un total de 2.371 relaciones comerciales de la cadena alimentaria durante el 2023, sumando un incremento del 59,4% en comparación con el último año. La tarea de inspección también ha sido llevada a cabo por los organismos de las comunidades autónomas, las cuales realizaron el control de otras 2.871 relaciones comerciales, las que resultaron en 167 sanciones, en su mayoría aplicadas en la industria.
El próximo año, la AICA pondrá especial atención en cumplimiento de los contratos alimentarios, especialmente en lo que respecta a la modificación del precio a partir de descuentos no previamente establecidos. También se pondrá énfasis en controlar los sectores con más riesgo en que sus liquidaciones y pagos no rebasen el coste real de producción.
El ministro Planas ha descrito a la Ley de la cadena alimentaria como una norma pionera en materia de contratos escritos y como referencia a nivel comunitario.