La tensión entre los agricultores españoles y la Unión Europea (UE) ha escalado a un nuevo nivel, a medida que la legislación de la UE entra en conflicto con los intereses de los trabajadores agrícolas. La Ley de Restauración de la Naturaleza, ha fomentado las protestas de los agricultores en varios puntos del país y en la frontera con Francia.
La ley ha sido aprobada en Estrasburgo con 329 votos a favor, 275 en contra, y 24 abstenciones. Para su adopción oficial, sólo falta la confirmación del Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros. El objetivo de la regulación es ajustar las acciones de la UE con los acuerdos de la ONU en materia de biodiversidad. Se espera que al menos el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos degradados de la UE se restauren para el año 2030, y todos ellos para el 2050.
El acuerdo entre las partes incluye varios requisitos, incluyendo la necesidad de corregir la pérdida de polinizadores, la obligación de mantener maderas muertas en los bosques y la eliminación de las barreras artificiales en los ríos, entre otros. Por otro lado, después de la reunión del consejo de ministros de Agricultura, se propone que algunas de las condiciones relacionadas con el medio ambiente que los agricultores deben respetar para recibir el apoyo de la Política Agrícola Común (PAC) pasen a ser voluntarias. También se ha retirado el borrador legislativo para reducir el uso de pesticidas.
En la actualidad, los agricultores pueden plantar cultivos que fijan nitrógeno (como lentejas, guisantes o habas) o intermedios, sin productos fitosanitarios, en lugar de dejar la tierra en barbecho, en el 4% del terreno cultivable. Esta adoptación parcial ha sido el resultado de las constantes protestas del sector agrícola español, que considera que la UE está «dando la espalda al campo europeo» al favorecer las producciones y la comercialización de terceros países.
Las manifestaciones que cuentan ya con tres semanas de duración en España, son una muestra más del creciente malestar de la industria agrícola contra la referida legislación de la UE. Los conflictos no se detienen aquí, dado que las organizaciones agrarias tienen varias citas pendientes con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con el objetivo de negociar las medidas de la PAC y mitigar los efectos de esta nueva legislación.
