Un total de 1.197 pozos han sido clausurados en el entorno de Doñana desde el año 2019, siendo 475 de ellos legales. Las restantes captaciones, que ascienden a 722, son consideradas ilegales y su existencia ha provocado una notable detracción de agua del acuífero que alimenta este importante espacio natural.
Impacto de la agricultura en el acuífero de Doñana
El informe de avances del Marco de Actuaciones para Doñana advierte que para restablecer el funcionamiento ecológico de esta área es esencial la recuperación del nivel freático de las aguas subterráneas. Esta tarea se complica si, a los efectos del cambio climático, se suma la creciente demanda de agua destinada a la producción agrícola. ¿Hasta qué punto puede la agricultura sostenible coexistir con la conservación de un entorno natural tan valioso?
De las 722 captaciones ilegales registradas, 294 han sido selladas; de estas, 162 se clausuraron de manera voluntaria y 132 por la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Además, hay 205 más en proceso de sellado. El actual escenario plantea la necesidad de una colaboración efectiva entre las instituciones y los agricultores para garantizar un uso racional del agua.
Cierre de pozos y medidas cautelares
El cierre de pozos ha sido parte de un proceso más amplio que incluye la ejecución de medidas cautelares, como el precintado de tomas en el marco de procedimientos sancionadores. Este mecanismo busca frenar la derivación ilegal de aguas, algo que no solo afecta a la calidad del agua, sino que también tiene un impacto en la biodiversidad de la región.
A finales de diciembre de 2024, el número total de tomas precintadas cautelarmente asciende a 55, incluyendo 19 medidas que afectan a invernaderos, cubriendo unas 283 hectáreas. En estos casos, la medida implica que los agricultores no pueden regar hasta que se aclare la procedencia del agua utilizada.
Estado actual de las concesiones de agua
La situación se complica más con el cierre de pozos legalmente vinculados a la Comunidad de Regantes de El Fresno-Guadalquivir. Se han cerrado 450 captaciones, de las cuales 82 fueron detectadas recientemente, lo que revela la magnitud del desafío que enfrenta la gestión de recursos hídricos en esta área.
El informe también señala que, aunque se ha documentado una ligera reducción en la superficie de cultivos bajo plástico, de casi 6.000 hectáreas en 2017 a 5.496 hectáreas actuales, esta situación está marcada por la presunción de ilegalidad en el caso de unas 700 hectáreas, que se sitúan fuera de las superficies agrícolas regables.
Conclusión abierta a la reflexión
Este panorama exige una reflexión profunda sobre cómo podemos equilibrar las necesidades de la agricultura con la preservación de entornos naturales críticos como Doñana. Las decisiones que tomemos ahora sobre la gestión del agua no solo afectarán a las comunidades agrícolas, sino también a la rica biodiversidad que depende de estos ecosistemas. La búsqueda de un modelo de desarrollo sostenible que contemple ambos aspectos será clave en el futuro.
