Castilla-La Mancha moverá ficha en los próximos Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios que se celebran en el Ministerio de Agricultura. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, pedirá a las demás autonomías un frente común para reforzar la defensa del campo y elevar una posición unitaria ante Bruselas.
La propuesta pasa por blindar el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) sin recortes, mantener las líneas de apoyo actuales y dar voz a los ministerios nacionales en la discusión económica y de gobernanza de la próxima programación de desarrollo rural. «A todos nos va lo mismo», resumió el consejero, que reclama aparcar las siglas para priorizar a las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Unidad autonómica en la PAC
Martínez Lizán defenderá que las comunidades autónomas actúen coordinadas en los foros previos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). La llamada a la unidad trasciende los colores políticos: el titular castellanomanchego sostiene que todas las regiones comparten interés en la defensa del sector agropecuario y deben «unir esfuerzos» para que esa postura llegue con fuerza al ámbito comunitario.
La posición común, insiste, busca apuntalar la continuidad de las explotaciones y la actividad en los pueblos. La Junta considera que la negociación europea que arranca condicionará la próxima programación de desarrollo rural y el reparto de apoyos de la PAC, con impacto directo en rentas, inversión y manejo de las explotaciones en regadío y secano.
Presión para blindar el presupuesto
El mensaje a sus homólogos autonómicos será nítido: presionar para evitar recortes y mantener el nivel de las líneas económicas que han sostenido al sector hasta ahora. Castilla-La Mancha pide que la defensa presupuestaria se eleve de forma coordinada para permitir que la PAC siga financiando las medidas clave de competitividad, sostenibilidad y modernización en el campo.
La prioridad, subraya el consejero, es asegurar un marco financiero que dé previsibilidad a agricultores y ganaderos, con estabilidad en las ayudas y certidumbre para planificar campañas, inversiones en riego localizado, gestión de insumos y cumplimiento de requisitos de trazabilidad en la cadena.
Gobernanza y normativa europea
Además del presupuesto, la Junta quiere incidir en cómo se toman las decisiones en la Unión Europea. Martínez Lizán reclama que los ministros de Agricultura de los Estados miembro participen en el órgano donde se discuten las cuestiones económicas y de gobernanza de la PAC, y que esas definiciones no queden «al albur» de una única instancia comunitaria.
En paralelo, Castilla-La Mancha pide margen para negociar los aspectos normativos que regulan la actividad agraria y ganadera, con el objetivo de garantizar la continuidad de las explotaciones, su viabilidad y la cohesión del medio rural. El consejero advierte de que el diseño regulatorio debe tener en cuenta la realidad productiva de las parcelas y las necesidades de las explotaciones para sostener empleo y población en el territorio.
Con ese paquete de demandas, el Ejecutivo autonómico aspira a trasladar al MAPA que cuenta con el respaldo de las comunidades para reforzar la posición española en los debates europeos, desde la gobernanza hasta los recursos. La consigna, en palabras de Martínez Lizán, es «unidad en la defensa de los agricultores y ganaderos».
