El sector turístico, especialmente el relacionado con el medio rural, se encuentra en un momento crucial. A partir del 2 de diciembre, entrará en vigor el Real Decreto 933/2021, que obligará a los titulares de actividades de hospedaje a recopilar y almacenar los datos de sus huéspedes. Esta normativa fue aprobada el 27 de octubre de 2021 y, tras varios periodos de adaptación, ahora se dirige a transformar significativamente la manera en que se registran los visitantes.
La importancia de la digitalización en el turismo rural
En un contexto donde muchas pequeñas empresas de turismo rural enfrentan el reto de la digitalización, la nueva normativa no es solo una obligación legal, sino también una oportunidad para innovar y mejorar la seguridad en el sector. Por un lado, el registro de datos puede profesionalizar la actividad, aportando mayor transparencia y confianza tanto para los alojamientos como para los viajeros.
Sin embargo, no todos los actores del sector están preparados para este cambio. Se estima que muchos propietarios de alojamientos rurales, especialmente aquellos que pertenecen a generaciones más avanzadas, pueden sentirse abrumados por la necesidad de adoptar nuevas tecnologías y sistemas de gestión.
Reacción del sector ante la normativa
La Asociación Española de Turismo Rural (Asetur) ha manifestado sus preocupaciones. Su presidente, Pedro Carreño, ha señalado que la transformación de un trámite sencillo a uno más complejo podría representar un nuevo frenazo para el turismo rural, particularmente porque la mayoría de los trabajadores en este ámbito son de mayor edad y podría resultarles complicado adaptarse a los nuevos requerimientos digitales.
Desde Autural, la Asociación de Profesionales de Turismo Rural, también han expresado inquietud ante el aumento de la burocracia. Si bien confían en que la implementación de esta normativa sea sencilla, es evidente que existe una necesidad de acompañar a los propietarios en este proceso de cambio.
Beneficios del registro de viajeros
El registro de viajeros no solo busca cumplir con las leyes, sino que tiene un impacto directo en la seguridad pública. El Ministerio del Interior ha reportado que, desde el inicio del funcionamiento del sistema en 2022, se han localizado a 18.584 personas que tenían requisitorias policiales gracias a la información proporcionada por los establecimientos turísticos.
Las cifras son elocuentes: 61.540 establecimientos hoteleros, 1.094 agencias de viajes, y 222 plataformas digitales ya han colaborado en el registro, proporcionando un total de 4,77 millones de datos de usuarios. Este nivel de detalle y cooperación ha permitido localizar a numerosas personas que figuraban en bases de datos de seguridad, lo que subraya la efectividad de esta iniciativa.
Adaptación a un nuevo entorno regulatorio
Desde el ministerio, se implementó a inicios de 2023 una plataforma electrónica llamada SES Hospedajes, diseñada para facilitar a los propietarios de alojamientos rurales la gestión de los requerimientos legales. Esta herramienta busca desburocratizar el proceso de registro, permitiendo que tanto personas físicas como jurídicas puedan cumplir con la normativa de manera más eficiente.
El compromiso de plataformas como Holidu es clave, ya que han desarrollado funciones que permiten a los anfitriones facilitar el registro online y transferir la información requerida al Ministerio del Interior. Paula Martínez, su directora para Iberia, ha destacado la importancia de este cumplimiento normativo para mejorar la seguridad en el sector.
Un avance necesario en la seguridad del turismo
El camino hacia una mayor creación de confianza y seguridad en el turismo rural es incierto, pero también esperanzador. A medida que los estándares de operación se elevan, el desafío radica en cómo el sector se adapta y responde a estas exigencias. La necesidad de formación y asesoramiento es crucial para que los propietarios de alojamientos puedan no solo cumplir con la normativa, sino también beneficiarse de las herramientas que la tecnología ofrece.
Mientras el sector se enfrenta a este reto de digitalización y legalidad, sigue siendo un espacio lleno de oportunidades. El futuro del turismo rural puede depender de cómo estas normativas sean recibidas y adaptadas por quienes viven y trabajan en este ámbito, así como de su disposición para invertir en el cambio.