El Gobierno ha decidido vetar la tramitación parlamentaria de dos proposiciones de ley presentadas por las comunidades autónomas de Asturias y Extremadura. Estas propuestas buscaban, respectivamente, eximir de IRPF las ayudas y compensaciones a ganaderos por ataques de lobos y reducir la tasa Enresa que abonan las empresas eléctricas con centrales nucleares.
El veto se fundamenta en el artículo 134 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo la capacidad de impedir la tramitación de leyes que puedan implicar un aumento de créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios sin su conformidad.
Proposiciones del Principado de Asturias
La propuesta asturiana, impulsada por el Partido Popular y ya respaldada por el gobierno regional de carácter socialista, contempla la exención del IRPF para las ayudas destinadas a los ganaderos. Estas ayudas se conceden no solo por la pérdida de animales a causa de ataques de fauna salvaje, sino también por el sacrificio obligatorio en caso de enfermedades.
Ley de Extremadura y su impacto fiscal
Por otro lado, la proposición de ley extremeña, apoyada por Vox y el Partido Popular, tiene como objetivo reducir la tasa Enresa, la cual es abonada por las empresas eléctricas responsables de la gestión de residuos radiactivos. Esta medida se enmarca en un debate más amplio sobre la fiscalidad que afecta a este sector.
El Ejecutivo ha argumentado que estas modificaciones tributarias implicarían una disminución en sus ingresos. Esta decisión refuerza la postura del Gobierno en la gestión fiscal, reafirmando su compromiso con el equilibrio en las cuentas públicas.
Con este veto, se limita el debate en el Congreso y se mantiene el control del Gobierno sobre los cambios legislativos que puedan afectar su capacidad recaudatoria. Este tipo de intervenciones son una práctica habitual, especialmente en temas de mayor calado económico y fiscal.