El Gobierno ha decidido vetar la tramitación parlamentaria de dos proposiciones de ley que fueron presentadas por las comunidades autónomas de Asturias y Extremadura. Estas leyes pretendían, por un lado, eximir de IRPF a las ayudas recibidas por ganaderos debido a ataques de lobos y, por otro, reducir la tasa Enresa que abonan las empresas nucleares.
Esta acción se enmarca dentro del artículo 134 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo el poder de veto en aquellas iniciativas que impliquen un aumento del gasto público o una reducción de ingresos. En este caso, el gobierno considera que ambas leyes afectarían negativamente a sus ingresos presupuestarios.
Proposición de ley asturiana
La propuesta asturiana, respaldada por el Partido Popular y aprobada por el gobierno regional socialista, contemplaba la exención del IRPF en todas las compensaciones que reciben los ganaderos. Estas compensaciones están relacionadas tanto con la pérdida de ganado a causa de ataques de fauna salvaje como con el sacrificio forzado de animales debido a enfermedades.
Proposición de ley extremeña
Por su parte, la iniciativa de Extremadura, impulsada por Vox y apoyada también por el Partido Popular, busca reducir la tasa Enresa. Esta es la carga fiscal que deben afrontar las empresas eléctricas propietarias de centrales nucleares por la gestión de residuos radiactivos, un tema que genera un considerable debate en el ámbito energético.
El veto del Gobierno no solo impide el debate de estas propuestas en el Congreso, sino que también pone de manifiesto su postura ante la reforma tributaria. Este tipo de cambios, que repercuten en los ingresos del Estado, requieren el visto bueno del Ejecutivo. A medida que estas iniciativas avanzaban en el ámbito autonómico, el Gobierno ha actuado para frenar su desarrollo legislativo.