El cumplimiento de la normativa española de envases apunta a un costoso impacto para la industria del gran consumo. Según sectores involucrados, la regulación española puede generar costes de miles de millones de euros y limitar la competitividad. Organizaciones representativas han solicitado al Gobierno la armonía de las obligaciones y plazos con los del resto de la Unión Europea (UE).
Asedas, organismo que actúa por interés de entidades como Mercadona, DIA, Lidl y Aldi, destaca que los establecimientos minoristas de alimentación deben presentar una variedad de bebidas en envases reutilizables a partir de 2023, según lo estipulado por un Real Decreto en España, mientras que las normas europeas imponen metas vinculantes en 2030. Se subraya la preocupante diferencia en los tiempos de cumplimiento, acusando a España de precipitarse para enero de 2025 en las obligaciones de reutilización de envases, sin contar con la necesaria infraestructura y grandes inversiones que tendrán repercusión en los costes de toda la cadena y que probablemente recaerán en el consumidor.
Se afirma el potencial riesgo de problemas de unidad de mercado por las discrepancias entre las regulaciones nacionales y europeas, conocidas desde abril. Se solicita un marco regulatorio bien direccionado, fundamentado en estudios técnicos, que facilite la adaptación empresarial al proceso de transición sostenible.
Algunos opinan que la rebeldía de la normativa española no se basa en la realidad o necesita de la aprobación de normativas comunitarias para mantener la competitividad. Se alerta a posibles dudas sobre el etiquetado, ya que en España es obligatorio indicar en cuál contenedor deben depositarse los residuos desde enero, a pesar de que el Reglamento europeo ofrece un calendario más amplio.
Finalmente, Anged cuantifica alrededor de 600 las regulaciones medioambientales que impactarán al sector en el siguiente mandato, según Eurocomerce. Esta situación, a juicio de algunos, genera altos costes para las empresas debido al exceso de regulación y la fragmentación del mercado. Este escenario obliga a adaptar la normativa a la realidad de las empresas, crear un marco estable y seguro, coordinado entre todos los administradores y con plazos de adaptación razonables.
