El nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que ha entrado en vigor este martes marca un avance en la contratación de mano de obra agrícola en España, aunque no cumple con las altas expectativas que se habían generado durante su proceso de reforma. Esta situación es particularmente relevante en un contexto en el que el sector agrario requiere urgentemente una atención especial a sus recursos humanos.
Reducción de los plazos para el arraigo
Una de las novedades más significativas de la normativa es la reducción del tiempo de permanencia en España necesario para acceder a las figuras de arraigo. Este mecanismo, que permite a los extranjeros regularizar su situación, ahora exige solo dos años en lugar de tres. Según Andrés Góngora, responsable de Relaciones Laborales de COAG, esta reducción de un año es el principal “aliciente” de la normativa, especialmente en un momento crítico para el campo que necesita mano de obra.
Sin embargo, la organización agraria ha manifestado que las condiciones generales para acceder a este tipo de regularización no han cambiado. Aún se requiere presentar un contrato de trabajo y estar empadronado, lo que apunta a que habrá "muy poca flexibilidad para lo que se quería lograr". Góngora enfatiza que habían esperado una reforma más profunda que realmente cambiara las dinámicas del sector agrícola.
Expectativas y realidades en la contratación
Las expectativas durante el anuncio de la reforma se elevaron, pero ahora muchos en el sector sienten que han sido "desinfladas". Góngora comentó que, si bien la reforma mejorará la situación laboral de forma leve, no aborda problemas de fondo que afectan a la mano de obra agrícola. Por ejemplo, se observa que no se fomenta suficientemente la contratación en origen, un aspecto clave para los agricultores, especialmente en zonas como Andalucía.
Además, para acceder al contrato por cuenta ajena inicial, el proceso resulta complejo. Se requiere que el trabajador tenga familiares directos en España o justificar que el puesto no se pueda cubrir con personas desempleadas en la provincia, lo que puede limitar las oportunidades de contratación.
La situación del empleo agrario
En cuanto a la afiliación de extranjeros al Sistema Especial Agrario (SEA), en abril se registró un total de 246,386 trabajadores, de los cuales 193,133 provenían de fuera de la Unión Europea y 53,253 de países comunitarios. Esto representa un 35% de las 680,114 personas afiliadas a este sistema en ese mes. Estos números resaltan la importancia de una política de inmigración efectiva que respalde las necesidades del sector agrícola.
Reformas futuras propuestas
COAG, junto con ONG dedicadas a la integración de inmigrantes, planean avanzar en “la siguiente reforma” del reglamento. Góngora ha mostrado su apoyo a la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regulación extraordinaria de migrantes, que ha estado estancada durante un año. "Es fundamental que el Congreso la tramite", ha declarado, subrayando la necesidad de un enfoque más integral que considere la realidad del trabajo agrícola.
La pregunta que queda en el aire es: ¿serán suficientes estos cambios para satisfacer las demandas del campo español? La regulación y la legislación son aspectos críticos, pero la verdadera respuesta residirá en cómo se implementen y se adapten a las necesidades cambiantes del sector.
Así, mientras los agricultores esperan medidas más claras e inclusivas, el debate sobre la reforma agrícola y la mano de obra continúa, marcando un camino que requerirá esfuerzos conjuntos para avanzar hacia un futuro más optimista y sostenible para todos.
